El Partido Popular votará en contra de los reales decretos del Gobierno de Pedro Sánchez, cruciales para desbloquear el cobro de 10.000 millones de los fondos europeos. Así lo han anunciado este lunes los propios populares, tan solo unos días después de conocerse que Junts per Catalunya también se ha posicionado en contra, lo que complica las cuentas del Ejecutivo.

El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ya ha avisado de que su formación no le va "a arreglar los problemas internos del desgobierno" a Sánchez. "Hace semanas pedimos una reunión a las vicepresidentas primera y tercera para estudiar vías de encuentro en lo referido al decreto económico. Ni María Jesús Montero ni Teresa Ribera aceptaron ese encuentro y nada se ha negociado con el partido mayoritario", han denunciado en las filas del PP, que sí ha admitido que "estudiaría la abstención"en cuanto a las medidas económicas.

Eso sí, si se cumplen algunas de las condiciones que ha planteado en este mismo anuncio: deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros; bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas; reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas. "De lo contrario, tanto a ese decreto como a los demás votaremos 'no", han argunentado los populares.

Lo cierto es que la posición del PP no sorprende, pero en cualquier caso dificulta (aún más) las opciones del bloque progresista para sacar adelante el 'decreto ómnibus', que incluye un nuevo paquete de medidas anticrisis para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio, así como una reforma judicial; ambas, muy criticadas en los últimos días por el partido dirigido por Feijóo.

"El Gobieno tendrá que convencer a Podemos de que subir la luz a los más necesitados es progresista, y al resto de sus socios de que el 'decreto ómnibus' que presenta es consecuente con sus pactos de investidura", han advertido a laSexta fuentes del PP, que han advertido asimismo que "la reforma de la Justicia no puede hacerse por real decreto", añadiendo que "la práctica parlamentaria de Pedro Sánchez hurta capacidad de debate a cuestiones trascendentales para nuestro país".

Así, los populares han concluido que "para este modelo de tramitación" su voto "será negativo", y han precisado: "Las normas se diseñan y debaten en la sede del poder Legislativo, y sus competencias no pueden ser sustituidas por las de un Gobierno en minoría que pretende sobrevivir con atajos. El PP presentará alternativas legislativas a estos reales decretos para su posterior tramitación ordinaria en el Congreso de los diputados. El PSOE tendrá la oportunidad de apoyarlas en la Cámara".

Cómo convencer a Junts y Podemos

Ahora mismo, dos días antes de la votación, el Gobierno de coalición cuenta, en el mejor de sus escenarios, con 167 votos a favor de su decreto:121 del PSOE, 26 de Sumar, 7 de ERC, 5 del PNV, 6 de Bildu, 1 del BNG y 1 de Coalición Canaria. En contra, como ya han anunciado, están los 136 del PP, los 33 de Vox, 1 de UPN y, si nada cambia, los 7 de Junts per Catalunya y los 5 de Podemos.

Este viernes, los independentistas catalanes comandados por Puigdemont comunicaron que votarán 'no' al decreto al considerar que "pone en peligro" la amnistía. Según pudo saber laSexta, también tienen previsto votar en contra de las medidas anticrisis y de otro decreto del Ministerio de Trabajo, lo que supondría el primer revés de los de Puigdemont a la recién estrenada legislatura de Sánchez.

Horas después, los socialistas y miembros de Sumar se llevaban un nuevo varapalo, esta vez de un aliado: Podemos anunciaba que estaba estudiando votar en contra del decreto del Gobierno para la reforma del subsidio de paro. La formación morada sostiene ahora mismo que supone un recorte de la pensión para los mayores de 52 años, algo que el Ministerio de Trabajo lo niega. Así las cuentas, si el Gobierno no logra convencer a sus socios más cercanos, este miércoles se materializará uno de los primeros fracasos de Sánchez en su segunda legislatura.