El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apelado a su "ADN de magistrado" para descartar ante las asociaciones de víctimas de ETA, con las que se ha reunido por primera vez, que vaya a autorizar acercamientos generalizados de presos de ETA. En este sentido, ha prometido la aplicación estricta del principio de legalidad, "teniendo presente que la confianza únicamente puede generarse previa información y transparencia".

Las asociaciones de víctimas han recibido positivamente las palabras del ministro del Interior, sobre todo por su compromiso de que serán informadas previamente a que se apruebe cualquier beneficio penitenciario de acuerdo a lo establecido por la ley. También han advertido de que estarán vigilantes y saldrán a la calle si previamente no se exige colaboración con la Justicia y arrepentimiento del pasado criminal.

A las principales organizaciones de víctimas les preocupan las declaraciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también del ministro Grande-Marlaska señalando que se ha abierto una nueva etapa para la política penitenciaria con la disolución de ETA.

"Cualquier cambio que se realice ahora en política penitenciaria sería interpretado por ETA como una cesión por su disolución", ha defendido la AVT, que quiere que se mantenga la política de dispersión. "La única manera de comprobar la veracidad de los arrepentimientos es exigiendo el requisito legal de colaboración con la Justicia", ha apuntado.

Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco) ha pedido "un rechazo individual y sin trampas a la violencia que han ejercido como línea roja para acercar a los presos de ETA". En este sentido, ha mostrado su preocupación por que el debate político con el cambio de Gobierno se haya centrado en el futuro de los presos de la banda, en lugar de en asignaturas pendientes como crímenes sin resolver. Además, ha rechazado frontalmente la cesión de la competencia de prisiones porque "sería transferir los derechos de las víctimas".

Desde Dignidad y Justicia, la cesión de competencias penitenciarias o el acercamiento de presos sin previa colaboración con la Justicia supondría una "cesión ante Bildu y el entorno de ETA". De ahí que avisen al Gobierno de Pedro Sánchez: "nos tendrán en la calle".

En declaraciones a la prensa en el acto de conmemoración del 30 aniversario del Seprona, Marlaska ha pedido que haya "entendimiento recíproco" entre Interior y las asociaciones de víctimas. "Conozco a las víctimas desde hace mucho tiempo y me han enriquecido desde hace años, ha sido un encuentro leal de intercambio de opiniones", ha señalado antes de subrayar que las víctimas son "las personas más solidarias con el Estado de Derecho desde siempre".