Las salas de gobierno de tres tribunales superiores de justicia, el de Madrid, Extremadura y Castilla y León, se suman a la críticas de la reforma del Poder Judicial impulsada por el Gobierno de coalición. La propuesta tiene como objetivo rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Estos organismos no suelen posicionarse sobre temas de interés político, por lo que la iniciativa puede considerarse inédita, y es posible que el número de tribunales superiores que se sumen a las críticas vaya aumentando, según se vayan celebrando en cada uno de ellos las reuniones de sus respectivas salas de gobierno.

Hasta ahora, solo los tribunales superiores de Madrid, Extremadura y Castilla y León se han pronunciado a través de comunicados. La sala de Gobierno del Tribunal de Justicia de Castilla y León muestra en su texto "rechazo" y "preocupación" por una modificación normativa que entienden supone una "merma" de las garantías de independencia judicial. Señalan que la independencia solo es posible mediante la designación directa de los doce vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces y magistrados.

De igual manera se ha pronunciado la Sala de Gobierno del TSJ de Extremadura. La presidenta del organismo, María Félix Tena, ha recordado que asociaciones judiciales y la carrera judicial llevan años pidiendo que "se elaboren unas listas con unas elecciones directas entre los 5.000 jueces y magistrados para esa designación de los 12 miembros de procedencia judicial".

Asegura además que esta propuesta de reforma en la elección de los miembros del CGPJ es "ni más ni menos difícil ni tan menos no difícil como la propuesta de ley que se acaba de presentar".

El TSJM habla de un "menoscabo de la separación de poderes" con la propuesta del Gobierno

Por su parte, el TSJ de Madrid también alude en su comunicado a una "profunda preocupación" ante la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos al considerar que su Proposición de Ley no se ajusta a la Constitución "eludiendo el necesario consenso parlamentario".

Destacan además que dicha reforma implicaría un "menoscabo de la separación de poderes" que debe caracterizar a los sistemas democráticos al dejar a decisión del poder político la configuración personal del órgano de gobierno del Poder Judicial.

Por último, los jueces madrileños consideran que la propuesta presentada en el Congreso se aleja de "postulados repetidamente defendidos por las diversas instituciones europeas, que vienen proclamando desde hace tiempo la necesidad de descartar la imagen de politización de la Justicia".