El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha presentado este martes una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que, conjuntamente con ERC y EH Bildu, buscan modificar las Cuentas en las que la formación morada ha participado para prohibir los desahucios hasta finales de diciembre 2022.
La iniciativa pretende cambiar a través de una disposición adicional en la ley de Presupuestos el Real Decreto-ley 1/2020, de 31 de marzo, para evitar ampliar la prohibición más allá del estado de alarma y llevarlo hasta casi 2023.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha asegurado que "con el virus activo, con los toques de queda y los confinamientos parciales de los territorios, con la que está cayendo, que mientras se le pide a la gente que se quede en casa, se le puede echar".
Fuentes del PSOE consideran que existe una deslealtad por parte de su socio de Gobierno, ya que ambos partidos habían hablado sobre la enmienda y los socialistas pidieron que no se presentara.
Desde Unidas Podemos, sin embargo, defienden que no hay deslealtad y que están "muy comedidos" con el tema porque consideran que se están enfrentando a "desahucios vergonzosos como el de la semana pasada en Fuenlabrada de una víctima de violencia machista, su madre y sus hijas". Por ello, explican que acompañan la inciativa de estos grupos parlamentarios para hacer ver que cada vez está más extendida esa sensibilidad entre la mayoría de la investidura.
Derecho a la vivienda
Asens ha presentado la propuesta en rueda de prensa junto a los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. "Las tres fuerzas, haciendo nuestro el mandato que proviene de las organizaciones de derechos humanos que llevan tiempo trabajando en la defensa del derecho a la vivienda, presentamos esta enmienda conjunta que lo que pretende es expandir ese derecho que ya habíamos conquistado anteriormente, suspendiendo los desahucios que tenían origen en la pandemia, a los desahucios en general que afecten a personas en situación de vulnerabilidad", ha dicho Asens.
En concreto, la medida busca prohibir los desahucios si no hay alternativa habitacional en los casos de impago de rentas o por expiración del contrato de arrendamiento, en ambos supuestos salvo que el propietario esté incurso en un supuesto de vulnerabilidad o el propietario sea una persona jurídica o gran tenedor. También si el arrendamiento es precario, para hacer derechos reales incritos o derivado de procedimientos penales relativos al uso de inmuebles sin título regulado.
Asimismo, la medida busca garantizar también hasta esa misma fecha los suministros, que no podrán suspenderse "por motivos distintos de la seguridad del suministro", dice la enmienda.
"Es una incoherencia pedirle a la gente que se laven las manos cada día y que se les sigan cortando los suministros", ha insistido Asens.