Trama de la aerolínea
La UDEF sospecha que Plus Ultra sobornó al presidente del fondo de la SEPI que concedió el rescate: "10K done"
Los detalles La Policía, a tenor del informe, considera que dicha respuesta de Julio Martínez a Rodolfo Reyes "pone de manifiesto la confirmación de un pago de 10.000 euros".
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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga un supuesto soborno a Julián Mateos, director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas de la SEPI, por parte de Plus Ultra. El informe se basa en una conversación entre Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, y Julio Martínez Martínez, donde se menciona el nombramiento de Mateos al frente del fondo de rescate tras una polémica. En el intercambio, Reyes pregunta a Martínez si conoce a Mateos, a lo que este responde "10k done", lo que la Policía interpreta como la confirmación de un pago de 10.000 euros, sugiriendo tráfico de influencias.
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La Unidad de Delincuencia Economía y Fiscal (UDEF) apunta a un supuesto soborno a Julián Mateos, director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas de la SEPI, por parte de Plus Ultra. Así lo dicen en su informe, en el que además comparten que era él a quien pusieron al frente del fondo de rescate de la aerolínea.
Todo, en base a una conversación entre Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, y Julio Martínez Martínez. En la misma, hay un enlace a una noticia en la que "el titular de referencia es": 'La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra", relata el informe.
En el texto, dicen, se alude al reciente nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la solvencia de Empresas Estratégicas, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Una vez reenviada dicha noticia, Reyes pregunta a los pocos minutos a Julio Martínez Martínez si lo conoce. "10k done", responde.
Para la Policía, dicha respuesta "pone de manifiesto la confirmación de un pago por un importe de 10.000 euros".
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que para que exista tráfico de influencias tiene que acreditarse una presión a un funcionario concreto para que adopte una resolución administrativa injusta con la que se beneficie a un tercero.