Fin a las restricciones sanitarias en Madrid y otros nueve municipios de la región. Apenas una semana después de su entrada en vigor, el pasado viernes, este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el confinamiento perimetral y esas restricciones.

Considera el juez que afectan a "los derechos y libertades fundamentales" de los ciudadanos. La Fiscalía de Madrid estudia ya la posibilidad de recurrir el auto del TSJM. Pero mientras tanto ya hay consecuencias inmediatas y una de ellas es que no habrá multas.

De esta manera, quedan anuladas los confinamientos perimetrales en los municipios de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, que se aprobaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que el Gobierno de Ayuso comenzó a aplicar el 2 de octubre.

Las autoridades tampoco podrán imponer multas a los ciudadanos que no cumplan el confinamiento perimetral. Sin embargo, no desaparecen el resto de medidas relacionadas con los aforos, las restricciones horarias y la limitación de seis personas no convivientes en las reuniones.

Los magistrados argumentan que el Ministerio de Sanidad no tiene competencias para ordenar en las CCAA

Los magistrados argumentan en su auto que el Ministerio de Sanidad no tiene competencias para ordenar los cierres perimetrales porque las competencias sanitarias pertenecen a la Comunidad Autónoma si no se ha aprobado un estado de alarma.

Y es que, fue el Gobierno central el que impulsó estas medidas y que fueron aprobadas por mayoría en el Consejo Interterritorial. Es por este motivo por el que las medidas aplicadas por la Comunidad de Madrid, que impuso las restricciones por zonas básicas de salud sí fueron avaladas por la justicia.

Derechos fundamentales

Asimismo, el auto recoge que "los derechos fundamentales no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho".

Consideran, además, que "ante el escenario sanitario" en el que nos encontramos es necesaria "una reforma de nuestro marco normativo más acorde para combatir eficazmente la pandemia de COVID-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país".

La aplicación de estas medidas fue recurrida por el Gobierno de Ayuso en la Audiencia Nacional, solicitando medidas cautelares al entender que no se tomaron por consenso y que perjudican a la economía madrileña.

Illa: "Adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud"

Tras conocer la decisión del TSJM, el ministro de Sanidadha dejado claro que "guiados con lo que los expertos nos aconsejan, adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud" porque les importa "muy poco cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos".

"Pensemos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios", es la petición de Salvador Illa, que además ha convocado para este mismo jueves una reunión del Grupo COVID-19. Aquí, ha dicho, se analizará este asunto y "es donde debe tomarse una decisión".

El titular de Sanidad ha insistido en el objetivo de proteger la salud pública y ha defendido que así se hizo en las reuniones solicitadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que "derivaron en unas recomendaciones técnicas del Ministerio de Sanidad y en el respaldo de una acción de salud pública a nivel nacional a través de un acuerdo aprobado en el Consejo Interterritorial".

El entorno de Ayuso defiende que Madrid "sabía lo que hacía"

Fuentes de la presidencia de la Comunidad de Madrid han precisado a laSexta que "sabían lo que hacían"cuando aplicaron sus restricciones sanitarias y se posicionaron en contra de las recomendaciones del Gobierno. "La Comunidad de Madrid sabía lo que hacía, tanto desde el punto de vista sanitario, como desde el punto de vista jurídico. Ahora seguiremos trabajando", han señalado.

Además, fuentes del Ejecutivo regional han señalado a esta cadena que aún no tienen constancia de que la reunión del Grupo de Trabajo de COVID-19 vaya a celebrarse esta tarde, como ha anunciado Salvador Illa en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida ha indicado que los madrileños "no esperan un tiempo de enfrentamientos porque no les conduce a nada". A su juicio, sí hay que aprender de los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se refiere "a la falta de un marco normativo adecuado para que las comunidades autónomas puedan adoptar las medidas que procedan".

Isabel Díaz Ayuso, tras conocer la decisión, ha abandonado la Asamblea de Madrid junto al consejero de Justicia e Interior, Enrique López.