Nueve exconsellers, una
expresidenta del Parlament y dos dirigentes de movimientos sociales convertidos
en auténtico símbolo del independentismo se sentarán en el banquillo de los acusados del Supremo en el juicio del 'procés', acusados buena parte de ellos de un delito de rebelión.
Según ha podido saber laSexta, el Supremo ha descartado el día 5 de febrero como fecha para el arranque y baraja el día 12 para dar inicio al juicio. Son más de 1.800 folios de escritos de defensas y más de 300 de acusación.
Estos son los doce
acusados, las penas que solicitan para cada uno la Fiscalía y la Abogacía del
Estado y el papel que les atribuyen las acusaciones:
- Oriol Junqueras
Fiscalía: 25 años de
cárcel por rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 12 años de
cárcel por sedición y malversación
Exvicepresidente y
responsable de Economía y Hacienda, lleva en prisión provisional desde el 2 de
noviembre de 2017.
En ausencia de Carles
Puigdemont, es la cabeza visible del Govern que impulsó el referéndum y la
Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Considerado como el
principal promotor del 'procés' dentro del Gobierno autonómico,
Junqueras fue el responsable último de la preparación y ejecución del 1-O
(tarea que coordinó su número dos, Josep María Jové) y, según las acusaciones,
decidió ir hasta las últimas consecuencias pese a los riesgos en la seguridad
evidenciados por los Mossos.
A propuesta de su departamento (bajo el que se ocultaron gastos del referéndum) se aprobaron las normas y las previsiones necesarias para el 1-O. Junto con Puigdemont, envió una carta a todos los alcaldes de Cataluña para que cediesen los centros de votación y dejó de remitir información contable al Ministerio de Hacienda.
- Carme Forcadell
Fiscalía: 17 años por
rebelión.
Abogacía: 10 años por
sedición.
Primero presidenta de la
Asamblea Nacional Catalana (ANC) y después del Parlament, lleva en prisión
desde el pasado marzo cuando fue procesada por rebelión. Meses antes, el 9 de
noviembre de 2017, pasó una noche en la cárcel y salió tras pagar 150.000 euros
de fianza.
Como principal
representante del poder legislativo en Cataluña, las acusaciones también le
adjudican el título de "promotora".
Bajo su presidencia, la
Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las iniciativas que,
durante los turbulentos 6 y 7 de septiembre, acabarían convirtiéndose en las
denominadas leyes de desconexión del Estado.
También permitió la
votación -con el rechazo frontal de la oposición- de la DUI y del inicio de un
proceso constituyente para la nueva república.
- Jordi Sánchez y Jordi Cuixart
Fiscalía: 17 años por
rebelión
Abogacía: 8 años por
sedición
"Los Jordis"
son los acusados que más tiempo llevan en prisión, desde el 16 de octubre de
2017.
También se les considera
"promotores", en su caso como responsables de la vertiente social del 'procés' en su condición de líderes de ANC y Òmnium Cultural, las
asociaciones soberanistas que jugaron un "papel crucial" como instrumento
de presión al Estado.
Se encargaron, según las
acusaciones, de mantener viva "la estrategia de movilización creciente y
permanente" y su actuación fue esencial en el acoso a la Conselleria de
Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando se impidió la actuación de la
comisión judicial que estaba registrando el edificio.
Una actuación dirigida y
consentida por "Los Jordis", acusados también de alentar a los
ciudadanos a ocupar los centros de votación el 1-O para impedir la actuación
policial.
En el caso de Sánchez,
resultó elegido diputado por JxCAT en diciembre de 2017 y llegó a aspirar a la
Presidencia de la Generalitat, pero no pudo acudir al Parlament al estar
encarcelado. Renunció el 21 de marzo.
- Joaquim Forn
Fiscalía: 16 años por
rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y
medio por sedición y malversación.
Exconseller de Interior
y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mossos d'Esquadra.
Junto con Junqueras, lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017.
Como el exvicepresident,
dio orden a los Mossos de seguir adelante con el 1-O pese, según la acusación,
a los potenciales riesgos en la seguridad, y alentó a los ciudadanos a acudir
en masa a votar.
- Jordi Turull
Fiscalía: 16 años por
rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y
medio por sedición y malversación.
Encarcelado también ese
2 de noviembre, quedó en libertad el 4 de diciembre tras pagar una fianza y
volvió a prisión en marzo de 2018.
Era el responsable de la
Conselleria de Presidencia, desde la que se desplegó toda la estrategia de
publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos.
Autorizó, junto con
otros exconsellers, contrataciones para el referéndum y controlaba el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), esencial en la
logística del 1-O y en el que se crearon páginas web (algunas duplicadas para
dificultar la acción policial) y programas informáticos para llevar a cabo el
referéndum.
Tras las renuncias de
Puigdemont y Sánchez a presidir la Generalitat, llegó a someterse a una sesión
de investidura que no prosperó. Un día después, el 23 de marzo, volvió a
prisión al ser procesado.
- Josep Rull
Fiscalía: 16 años por
rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y
medio por sedición y malversación.
Como Turull, pasó en
prisión apenas un mes a finales de 2017 y en marzo de 2018 regresó a la cárcel.
Además de alentar a los
ciudadanos a votar el 1-O pese a ser consciente de que era una convocatoria
ilegal y de que había riesgos en la seguridad, prohibió "arbitrariamente"
en su condición de conseller de Territorio que un barco en el que viajaba la
Policía atracase en la bahía de Palamós (Girona).
- Raul Romeva
Fiscalía: 16 años por
rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 y medio por
sedición y malversación.
Fue exconseller de
Relaciones Institucionales y Exteriores y se encuentra en la misma situación
procesal que Rull y Turull.
Era el encargado de la
estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el
"procés". Dirigía el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña
(Diplocat), una "suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal"
que, según la Fiscalía, actuaba como "lobby" para difundir el 'procés' en el exterior.
Bajo su dirección se
crearon delegaciones catalanas en el extranjero, webs internacionales para
informar sobre el referéndum, se desplegó una campaña internacional de la
imagen de la Generalitat y se contrataron observadores internacionales para el
1-O. En 2017, la dotación presupuestaria de su departamento se incrementó un
107%.
- Dolors Bassa
Fiscalía: 16 años por
rebelión agravada con malversación.
Abogacía: 11 años y
medio por sedición y malversación.
También encarcelada
desde marzo (igual que los tres anteriores), Bassa dirigió la Conselleria de
Trabajo y Asuntos Sociales, bajo la que se ocultaron gastos del 1-O.
Retiró a los
funcionarios de su departamento la competencia sobre los centros de votación
para asegurarse su disponibilidad el 1-O, desarrolló una base de voluntarios y
animó a la participación.
- Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás
Fiscalía y Abogacía:
Siete años para cada uno por desobediencia y malversación.
Como el resto de
miembros del Govern, adoptaron los acuerdos para ejecutar y desarrollar el
referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y disponiendo para ello de forma
ilegítima de fondos públicos, según las acusaciones.
Son los únicos que están
en libertad: Vila pasó una noche en la cárcel hasta que pagó su fianza,
mientras que Mundó y Borrás estuvieron cerca de un mes, hasta diciembre de
2017.