Tres miembros independientes de la junta de gobierno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, dimitieron de sus cargos antes de que este organismo aprobara activar el aval de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat.

La Junta de Gobierno del ICF -el equivalente al consejo de administración de un banco- aprobó el pasado 21 de julio activar el mecanismo previsto para que la entidad financiera de la Generalitat presente el aval por los encausados por el Tribunal de Cuentas por haber promovido el procés en el extranjero.

La votación estuvo dividida y precisó del voto de calidad del presidente de la junta de gobierno, Albert Castellanos, que fue secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y Economía con el ahora president, Pere Aragonès, y que en esta legislatura es secretario de Empresa y Competitividad.

Antes de que se produjese dicha elección, los consejeros independientes Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger cesaron de su cargo. Estos tres vocales ya no aparecen en la web del ICF, cuya dirección tenía que renovarse en los próximos días.

El cargo de presidente del ICF todavía lo ocupa Albert Castellanos, mientras que el consejero delegado es Víctor Guardiola. Tras estas tres dimisiones, la junta de gobierno cuenta ahora con seis vocales, tres de ellos independientes (Rafael Abella, José Luis Peydró y Abert Vilumara) y otros tres dominicales (Lluís Juncà, Meritxell Masó y Matilde Villarroya), es decir, propuestos por la Generalitat.

Dudas antes de aprobar el aval

La operación de aval de los encausados por parte del ICF había sido descartada en un primer momento para evitar que la iniciativa derivara en problemas legales para los miembros de la junta de gobierno.

Sin embargo, el conseller de Economía, jaume Giró, rectificó y decidió que fuera el ICF el organismo que firmara el aval, después de que no encontrara ningún banco privado que estuviera dispuesto a avalar las fianzas.

Esta opción fue aprobada por la junta del ICF gracias al voto de calidad del presidente, Albert Castellanos. El consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, se abstuvo, tres de los miembros de la junta de gobierno -los representantes de la Generalitat- votaron a favor de la operación y otros tres -independientes- lo hicieron en contra.

Lluís Juncà, un cargo de ERC en la Generalitat que también es vocal en la junta de gobierno del ICF, no participó en la votación para que los independientes fuesen mayoría -cuatro frente a tres- con respecto a los miembros por designación política.