La asociación de empresas del sector del gran consumo AECOC ha expresado "indignación, preocupación y malestar" por los cortes por parte de los independentistas en La Jonquera y ha lamentado el impacto que este tendrá sobre laactividad de los transportistas, ya que este punto fronterizo tiene un tráfico diario de más de 10.000 camiones.
Una queja a la que se ha sumado el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz, que ha cifrado en 15 millones de euros las pérdidas para el sector del transporte y ha señalado que observan con perplejidad como el Gobierno "no se toma en serio" sus avisos sobre bloqueos como este.
Diversos grupos independentistas, convocados por Tsunami Democràtic, han cortado la frontera entre España y Francia en La Jonquera, una situación que ha provocado problemas de movilidad y las críticas de transportistas y empresarios que han pedido a las administraciones que tomen medidas.
Las pequeñas y medianas compañías de transporte, agrupadas en Fenadismer, han calculado que la protesta de la plataforma independentista afecta a 20.000 vehículos pesados, mientras que Foment del Treball ha emplazado al Govern a restablecer la normalidad en esta vía de conexión entre Francia y España.
El atasco en La Jonquera ha obligado a los Mossos d'Esquadra a desviar el tráfico en la salida de Figueres de la AP-7, hacia la N-II, donde se han registrado colas de entre 6 y 12 kilómetros, así como retenciones en la N-260 y problemas también en las carreteras francesas.
El alcalde de la localidad francesa de Prats de Molló, Claude Ferrer, ha intentado ejercer de mediador entre concentrados y Policía y ha reclamado a los manifestantes que permitieran el paso de camiones frigoríficos que portaban cargas perecederas, a cambio de evitar cargas.
Los manifestantes han aceptado la propuesta si les permitían, a cambio, volver a colocar coches en la autopista para reforzar el bloqueo, pero las fuerzas de seguridad de Francia han rechazado esa posibilidad. Ferrer ha explicado que la Policía estaba en conversaciones con sus responsables y con la prefectura para decidir la actuación de los agentes.