Se intentó frenar el ladrillazo en Lanzarote, pero lo que se consiguió fue justo lo contrario, multiplicándose las camas y parcelas ilegales por toda la isla. Según denuncia Ecologistas en Acción El Guincho, "fue una locomotora enloquecida lo que se estaba produciendo en ese momento".
Ayuntamientos como el de Yaiza o Teguise repartían licencias sin control y lo más grave, sin permiso. Javier Díaz, presidente del Colectivo Urbanístico, lo denuncia: "Nosotros sabíamos que determinados edificios eran ilegales, lo que no sabíamos era que para otorgar esas licencias se había infringido la ley y se había producido corrupción".
Ahora la isla tiene 22 complejos turísticos ilegales y decenas de sumarios por corrupción. Uno de los ejemplos más graves, el hotel Papagayo, que triplica las dimensiones permitidas, no permite el acceso al mar y, con orden de derribo, sigue alojando a turistas.
Y no es el único. Otro hotel de gran lujo, también con orden de derribo, sigue trabajando a pleno rendimiento. En él veranea el propio ministro Soria. Javier Díaz lo ve claro: "Aquí se aplica la ley durísimamente a los pobres, y a quien tiene recursos se le aplica de forma completamente diferente". Y Pedro, de Ecologistas en Acción El Guincho: "Esos establecimientos además están haciendo una competencia desleal a los establecimientos legales, y sin saber siquiera si pagan impuestos".
No dejan mejor el paisaje los hoteles que fueron paralizados y siguen ahí: perennes y en venta. Son muchos los esqueletos de cemento que siguen en pie ensuciando el paisaje de la isla. Ahora Canarias prepara una ley para regularizarlos, así que siendo ilegales, igual hasta tienen suerte, y pueden salvarse.