Apenas 24 horas después de que el Tribunal Supremo confirmase su inhabilitación durante un año y medio, Quim Torra ha interpuesto un recurso de amparo ante el Constitucional en el que solicita la suspensión cautelar de la pena para evitar un "grave daño irreparable".

Con su decisión, el Supremo ratificaba ayer la condena dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre de 2019, por un delito de desobediencia, tras negarse a retirar los símbolos independentistas de la Presidencia de la Generalitat durante la campaña electoral del 28A.

En el recurso que ha presentado este martes, la defensa de Torra tacha el fallo del Supremo de "fraude constitucional" con "el objetivo claro de derrocar al Gobierno de la Generalitat".

Su abogado, Gonzalo Boye, asevera que la decisión judicial tiene una "intencionalidad política manifiesta" y persigue tumbar el Govern "por medios no democráticos y solo aparentemente legales". Denuncia, asimismo, "la sistemática utilización de la Junta Electoral Central" como "ariete partidista".

El propio Torra calificó ayer la condena de "golpe urdido por el Estado" y llamó a una "ruptura democrática pacífica y desobediente". "Ni abandono, ni me resigno", sentenció el hasta ahora president catalán, en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat.

Este martes, ha acudido a la cárcel de Lledoners a visitar a los presos del procés y desde allí ha llamado a todos los partidos catalanes -"no solo a los independentistas", ha dicho- para apoyar una ley de amnistía. "Ante la Justicia española, es imposible que un independista tenga sentencia favorable", ha afirmado.

[[H3:Aragonès, president interino]]

Los socios en el Govern de coalición, Junts per Cat y Esquerra Republicana, han acordado que tras la inhabilitación de Torra el Ejecutivo catalán continúe trabajando "sin presidente, figura que quedará vacante como denuncia de la represión", aunque el vicepresidente Pere Aragonés asumirá interinamente funciones limitadas de la Presidencia.

No obstante, ambas formaciones han acordado que se mantendrán vacantes todos los espacios propios de la Presidencia de la Generalitat y del president, como su despacho o la silla que ocupa en el Consejo Ejecutivo. Asimismo, y respetando la voluntad del propio Torra, este no asumirá un rol simbólico en relación con el Govern en funciones, aunque queda a disposición del Ejecutivo.

De cara a la inhabilitación de Torra, ambas formaciones también habían acordado la creación de un grupo de coordinación integrado por Aragonès, un conseller de Junts y un representante permanente del grupo parlamentario de Junts y del de ERC, así como otro de cada partido de la coalición.

Las elecciones, en febrero

El lunes, tras conocerse la decisión del Supremo, la oposición pidió a Torra que convocase elecciones en Cataluña. Unos comicios que Esquerra Republicana calcula que se celebrarían el próximo mes de febrero.

En este sentido, el líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha dado por hecho que las elecciones catalanas tendrán lugar el 7 de febrero porque, según ha apuntado durante una entrevista en 'Catalunya Ràdio', "no se trata de una opinión política, sino de matemáticas", en función de los plazos previstos en la Ley de Presidencia.

En cualquier caso, tras hacerse efectiva la inhabilitación se abrió un plazo de 10 días para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, comience la ronda de contactos para proponer un nuevo candidato para sustituir a Torra.

Es poco probable que lo haya, pero aun así es necesario que se celebre una investidura fallida para que se active automáticamente la cuenta atrás para los comicios. Transcurridos los dos meses que fija la ley, estos se celebrarían 54 días después.