El Constitucional ha apercibido a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los otros seis miembros de la Mesa, al letrado mayor y al secretario general de la Cámara, a quienes expresamente prohíbe la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única (como establece la reforma impugnada) y les advierte de las eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si desobedecen.

El Tribunal, como solicitó el Gobierno, ha acordado la notificación personal de la resolución a todos ellos y les recuerda su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

Es decir, les ordena que "se abstengan de iniciar, calificar, introducir en el orden del día de cualquier órgano del Parlamento de Cataluña" o "dictar acuerdo alguno" que implique la tramitación exprés contenida en la reforma impugnada.

La suspensión de la norma que permitiría la tramitación por la vía rápida se produce el mismo día en que Junts pel Sí y la Cup han registrado en el Parlament la proposición de ley de referéndum de autodeterminación, pensada para dar cobertura legal a la votación prevista para el 1 de octubre.