Los magistrados del Supremos que han suspendido cautelarmente la exhumación de Franco del Valle de los Caídos se ratifican sobre la consideración del dictador como jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936. Fuentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que dicto el auto han explicado a laSexta que no tienen previsto rectificar nada, incluida esa fecha. Una referencia queha causado indignación, estupor y polémica.
Esas mismas fuentes explican que lo único que pretendían destacar era su condición de jefe del Estado para incidir, añaden, en que prima "el interés público por encima del de la familia". Por eso, creen que se resolverá en plazo razonable el recurso presentado por los nietos de Franco.
Críticas de algunos magistrados
Desde Jueces y Juezas para la Democraciaes una "resolución insólita por el tratamiento que otorga al dictador, a quien considera jefe de Estado sin otra connotación. De un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época", apuntan en un comunicado: "Parece mentira que el Tribunal Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad".
"Parece mentira que el Supremo manifieste esa falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático".
Lamentan la decisión de suspender la exhumación y, en su opinión, confirma "la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron". "Parece un sarcasmo -añaden- la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones".
Añaden que la decisión es "insólita por la argumentación que desarrolla porque afirma, sin ofrecer explicación alguna, que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, aunque no fuese materialmente irreversible, sería perjudicial para la familia y para el interés público, incluso señala que habría coincidencia entre estos intereses. Algo incomprensible".
"Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador" frente a las víctimas.
"Los restos del dictador se encuentran enterrados en un inmueble de titularidad estatal, lo que lo convierte en asunto esencialmente público. El Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes. Donde sólo figuran su nombre y el de un jefe fascista", continúa el comunicado.
A su juicio, la exhumación de los restos mortales del dictador es una medida que expresa el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, "para poner fin a la obligada convivencia del máximo perpetrador y de sus víctimas en un lugar religioso, creencia que muchas de las víctimas no profesaban".