No ven indicio de delito
El Supremo rechaza la querella que pedía investigar por revelación de secretos al magistrado Arrieta que condenó al fiscal general
El contexto El presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, dijo en un curso del Colegio de Abogados que se iba a poner la sentencia contra Álvaro García Ortiz.
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El Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por Jaume Asens, dirigente de los Comuns, contra Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Penal, por presunta revelación de secretos. Asens alegaba que Arrieta, durante un curso del Colegio de Abogados, habría revelado información sobre la sentencia al ex fiscal general Álvaro García Ortiz. El Supremo no encontró indicios de delito, coincidiendo con la Fiscalía, que también consideró que no había ilícito penal. La querella argumentaba que la declaración de Arrieta vulneraba el secreto de deliberación, pero el Alto Tribunal decidió archivar el caso, considerando que no se violó ningún derecho fundamental.
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El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella presentada por el dirigente de los Comuns, Jaume Asens, contra el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, por revelación de secretos al decir en un curso del Colegio de Abogados que se iba a poner la sentencia contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, al no apreciar indicios de delito.
A ojos del Alto Tribunal la causa no debe ser archivada al no apreciar "siquiera de forma indiciaria, la concurrencia de los elementos del tipo delictivo imputado", siguiendo la línea de la Fiscalía que ya consideró que hechos no era "constitutivos de ilícito penal. De esta manera, "procede declarar la inadmisión a trámite de la querella", concluye el Supremo en un auto al que ha tenido acceso laSexta este lunes.
A finales del mes de noviembre, el abogado y eurodiputado de los Comuns Asens presentó una querella criminal contra Arrieta por un presunto delito de revelación de secretos previsto durante el juicio al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, después de conocerse que "en pleno período de deliberaciones sobre la sentencia, intervino como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)".
En el mismo curso, el magistrado declaró: "Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado", una afirmación pronunciada, inciden los comunes, "en tono jocoso y seguida de risas del público", que, según la querella, "constituye una revelación explícita de información reservada" sobre tres cuestiones: "El estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente respecto a la magistrada inicialmente designada, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo".
En la querella se sostenía que estos datos se encuentran protegidos por el secreto de la deliberación, recogido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y su vulneración afecta al derecho fundamental a un juicio imparcial. Ahora, sin embargo, el Alto Tribunal decide archivarla.
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