La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado la adopción de medidas cautelares solicitadas por la entidad Òmnium Cultural contra el rey emérito. En una providencia, se recuerda que el sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado, como es el caso de Juan Carlos l.
Òmnium Cultural presentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una petición urgente para activar la orden de "búsqueda internacional" del rey Juan Carlos I para que "rinda cuentas ante la justicia". La entidad soberanista presentó esta petición pocas horas después de que Juan Carlos de Borbón anunciara al rey Felipe VI su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera de Españaante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada.
Òmnium, presidida por Jordi Cuixart, uno de los condenados en el juico del 'procés', pedía adoptar medidas cautelares, citar al rey emérito a declarar de manera inmediata como investigado y que el juez le tome declaración y, en caso de que no compareciera, dictar una orden internacional de detención. En este sentido, instaba al Supremo a activar la Unidad de Policía Judicial para que "urgentemente acredite dónde está el Borbón fugado" para que se le retirara el pasaporte y se le prohibiera salir del país.
La Fiscalía del Tribunal Supremo, que investiga si el rey emérito incurrió en alguna irregularidad punible en la gestión de su fortuna, defiende que Juan Carlos I dejó de ser inviolable el 19 de junio de 2014, momento en que se oficializó su abdicación a favor de Felipe VI. Por tanto, en caso de hallar indicios de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, el Ministerio Público procederá en su contra.
Diligencias sobre las actividades del rey Juan Carlos
La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas diligencias prejudiciales sobre las actividades económicas de Juan Carlos I, es decir, por el momento esta investigación no está judicializada ni hay ningún proceso formalmente en marcha de manera personalizada contra él. La investigación abierta por parte de la Fiscalía quiere dilucidar, entre otras cuestiones, si recibió una presunta comisión de 65 millones de euros por la adjudicación del AVE a la Meca.
Esto es, las autoridades fiscales quieren saber si a partir de 2014, una vez que abdicó y dejó de ser una figura inviolable, Juan Carlos I pudo cometer posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. No es la única causa que podría volverse en su contra. En Suiza, la Fiscalía investiga los supuestos fondos ilícitos que el rey emérito habría ocultado a través de testaferros y diferentes sociedades.
Ante esta situación, y tras su marcha de España, que comunicó a su hijo a través de una carta difundida por la Casa Real, el abogado del rey emérito publicó un segundo comunicado en el que afirmaba que, pese a estar en el extranjero,el rey colaboraría con la justicia española en lo necesario: "Me ha dado instrucciones para que haga público que, no obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna".