Ruido, acusaciones, críticas, incertidumbre. La polémica generada tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como ley del 'solo sí es sí'), que según se conoció recientemente cuenta con recovecos legales que permite a condenados por delitos sexuales rebajar sus penas, ha hecho saltar por los aires el escenario sociopolítico y judicial de nuestro país, llegando a enfrentar incluso a asociaciones de jueces y fiscales, a políticos y a la sociedad civil. La situación parece haberse descontrolado especialmente en las últimas horas y se ha puesto al Ministerio de Igualdad de Irene Montero en el punto de mira. Aunque en el terreno judicial parece que ya se están dando los primeros pasos en firme.
El Tribunal Supremo prevé abordar en breve alguno de los recursos presentados por esos condenados contra sus sentencias; recursos en los que piden adecuar sus castigos a las penas contempladas en la ley del 'solo sí es sí'. Según han trasladado fuentes jurídicas a laSexta, el Alto Tribunal podría pronunciarse sobre esta cuestión antes de los previsto -aunque tardaría algunas semanas-, dado que varios abogados de condenados por delitos sexuales que en la casación de sus sentencias (nada que ver con los procedimientos para rebajar penas) han apelado a la ley para conseguir rebajas. En concreto, son cuatro o cinco casos, pero no resueltos por los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos ni por las audiencias provinciales que ya han practicado rebajas de penas.
Se trata de recursos de casación de otras sentencias, pero que obligarán a la Sala Segunda del Supremo a pronunciarse y fijar criterio sobre este asunto. Así, el Tribunal analizará caso por caso, pero fijará el criterio común que tendrán que seguir todos los tribunales de España para decidir si la rebaja de penas practicada con la entrada en vigor del nuevo Código Penal se ha aplicado de forma correcta. Fuentes consultadas por la Agencia EFE no descartan que, en el momento en el que los magistrados deliberen sobre alguno de los recursos, el asunto se pueda elevar al pleno de la Sala de lo Penal. Asimismo, esas fuentes han recalcado que el pronunciamiento del Supremo no se debe a la polémica surgida tras el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales, sino que, según han subrayado, se trata del ritmo natural de los recursos de casación.
Cabe destacar que el Alto Tribunal no ha sido el único organismo judicial en expresarse sobre esta cuestión -el CGPJ, en plena guerra con Igualdad, recordaba anoche que a principios de 2021 emitió un informe en el que avisaba de que "el cuadro penológico de la nueva ley suponía una reducción del límite máximo de algunas penas"-. También ha manifestado su posición la Fiscalía General del Estado, que ha sido tajante: "La Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee, con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales". Así lo ha expresado el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en su intervención durante el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
De hecho, esta misma tarde, la Fiscalía ha solicitado a los tribunales superiores de justicia y juzgados que han revisado condenas sentencias condenatorias firmes sobre delitos sexuales que remitan a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que remitan todos los autos, así como los informes emitidos por el Ministerio Fiscal en las respectivas ejecutorias.
Las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces y juezas tienen una solida formación en materia de violencia de género"
De momento, todas las miradas se centran en la futura respuesta del Supremo y la postura que adoptará toda la judicatura. Sin embargo, que se pueda tardar hasta un mes en unificar criterios no gusta a un Ejecutivo prácticamente dividido. Por un lado, Pedro Sánchez y algunos ministros socialistas esperan a la observación del Supremo -aunque algunos titulares del PSOE ya están reclamando la revisión inmediata de la norma-. Por otro lado, la ministra de Igualdad sigue sin ser partidaria de revisar la ley: "Tiene que cumplirse. Si se cumple, todas las mujeres van a estar protegidas". Así se ha expresado en las últimas horas Irene Montero, cuya cartera ha ido perdiendo fuerza en su posición conforme avanzaba el escándalo y se ha quedado sola en su idea de que no hay que corregir la norma y en sus reproches a los jueces.
Precisamente, este jueves Montero ha coincidido con el Poder Judicial en un acto en el Senado sobre violencia de género. Allí ha tenido que escuchar respuestas a algunas de sus criticas más duras. "Las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces y juezas tienen una solida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con sensibilidad y compresión necesaria hacia las victimas de cualquier tipo de violencia machista", ha contestado sin tapujos Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Porque las palabras de la ministra, acusando al sistema judicial de interpretar la ley en términos machistas, no han sentado nada bien entre las asociaciones de jueces; ya sean progresistas o conservadoras estas.
Mientras, los socios están apretando para aclarar la problemática porque es tiempo, según han denunciado, en que puede continuar el goteo de rebajas en las penas a agresores sexuales. En las últimas horas, la izquierda parlamentaria y los propios aliados del Gobierno ya están instado a modificar cuanto antes la norma y a corregir los fallos; incluido EH Bildu, que a pesar de haber señalado también a los jueces, asegurando que la ley se interpreta con 'intenciones torticeras', se ha abierto a revisar la ley si es necesario. Lo mismo que ERC: la formación independentista ha denunciado "machismo" en el poder judicial, pero ha tendido su mano al Gobierno si se hace imprescindible "perfeccionar" la ley.