La Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha pedido a la Fiscalía que emita un informe sobre si debe o no investigar al presidente del PP, Pablo Casado, por las presuntas irregularidades en su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Fuentes jurídicas han informado de que se trata de la primera decisión que ha adoptado la sala de admisión del alto tribunal que, una vez que reciba el informe del Ministerio Público, deberá pronunciarse sobre si abre o no causa contra el líder del PP.

Entre esa documentación enviada a la Fiscalía se encuentra un escrito de alegaciones que Casado ha presentado ante la Sala por su propia cuenta sin estar presente ni ser parte en este procedimiento -dado que no existe causa abierta aun contra él-. La sala ha dado por recibido este escrito de 28 folios de Casado, una actuación nada habitual en este tipo de causas especiales con la presencia de aforados, han explicado las fuentes.

Dicha sala está formada por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y los magistrados Pablo Llarena, Ana Ferrer, Francisco Monterde y Miguel Colmenero. Este último ha sido designado como ponente encargado de redactar la resolución que deberá exponer ante el resto de la sala.

Fuentes jurídicas consultadas explican que la Sala maneja finales de septiembre o principios de octubre como fechas para reunirse y tomar la decisión al respecto, pues la intención de los magistrados es no demorar mucho este asunto, aunque los plazos están condicionados al tiempo que emplee la Fiscalía en elaborar su informe.

La jueza del caso máster elevó una exposición razonada al Supremo el pasado 6 de agosto en la que pide que se investigue al presidente del PP por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio al considerar queb

En la exposición razonada, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, acordó enviar toda la pieza C, referente al máster de Casado, al Supremo incluyendo, por tanto, a los siete imputados que figuran en el procedimiento, pues entiende que "podría existir indiciaria responsabilidad penal" en Casado "en íntima conexión con otras personas no aforadas".

Entre los asuntos que la Fiscalía tendrá que valorar está en resolver si el delito de cohecho está prescrito, un escenario que ya recoge la jueza que considera que este delito está en conexidad con el de prevaricación administrativa, por lo que no estaría prescrito.

Una vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo tenga listo su informe, que no tiene límite para su entrega ni es vinculante, lo remitirá a los magistrados para que decidan si se archiva o se admite a trámite la exposición razonada.

En este último caso se designaría un instructor, que no podría ser ninguno de los magistrados que conforman dicha sala de admisión, cuya designación responde a un turno previamente establecido por los criterios que conforman la Sala de lo Penal del alto tribunal, añaden las fuentes.

Este escenario contempla la citación del presidente del PP como investigado, para lo cual el juez debería dirigirse al Congreso de los Diputados para solicitar el suplicatorio, si bien existe la opción de que el imputado, por su condición de aforado, pueda acudir voluntariamente cuando desee a prestar declaración judicial.