27 de octubre de 2017. Ese día el Parlament declaró constituida la república catalana independiente. Ese día fue el punto culmen del 'procés', pero ya se había iniciado antes. Primero con la aprobación de la Ley de Desconexión en septiembre, más tarde con la operación de la Guardia Civil con registros en varios edificios de la Generalitat y finalmente el 1-O, con la celebración del referéndum ilegal, que llevó a su vez al rey Felipe VI a pronunciar un discurso dos días después ante la "deslealtad inadmisible" del Govern.
Pero ese 27 de octubre de hace dos años fue lo que desembocó en el proceso judicial contra los líderes independentistas que ahora esperan la sentencia del Supremo. No están todos sentados en el banquillo. El ex presidente de la Generalitat entonces, Carles Puigdemont, se fugó al día siguiente a Bélgica.
"Hoy el Parlament de nuestro país, un parlamento legítimo, surgido de las elecciones del 27S, ha dado un paso largamente esperado y largamente luchado. La inmensa mayoría de representantes políticos legítimamente elegidos han culminado un mandato validado en las urnas", es lo que dijo Puigdemont momentos después de la proclamación de la república en el Parlament.
Una tarde histórica en el Parlament
Lo que se votó en esa jornada histórica y frenética fue una resolución que incluía la declaración de independencia que JxSí y la CUP firmaron el día 10 de octubre y abrir un proceso constituyente en Cataluña. Se votó en urna y en secreto, contó con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco entre los grupos que participaron en la votación (JxSí, CUP, SíQueEsPot y el diputado no adscrito Germà Gordó), mientras que PSC, PP y Cs abandonaron el hemiciclo en señal de protesta.
Una de las imágenes de aquella tarde fue tras ese pleno, en la escalinata principal de la Cámara. Apostados con la vara de mando alzada, los alcaldes independentistas se comprometieron a defender la construcción de la "república" y a participar en el proceso de "construcción de la república" catalana.
Actos dentro del Parlament de los independentistas y un estallido de júbilo en la calle para celebrar la declaración.
Ante ellos, el president de la Generalitat ensalzó "la grandeza de este momento" y defendió la razón y la legitimidad del Parlament elegido en las urnas: "Hoy se ha culminado el mandato hecho en las urnas", dijo Puigdemont, que pidió a las instituciones y la sociedad catalana que lo defendieran conjuntamente.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, hoy en prisión provisional, pidió "responsabilidad, humildad y generosidad" a los ciudadanos de la "república" que "desbordan alegría" y "confianza" a quienes tengan "alguna razón para inquietud o preocupación". "Actuamos de buena fe, con respeto y estima", fueron sus palabras en la escalinata.
También en la calle se produjo una explosión de alegría y júbilo cuando la presidenta del Parlament anunció el resultado de la votación. Se entonaron gritos como 'Visca Catalunya' y 'Ja som independents', entre caras de felicididad, llantos de alegría y abrazos. Celebraciones que se repitieron en Girona, Tarragona, Lleida y otras localidades catalanas.
La respuesta del Gobierno
La respuesta del Gobierno, entonces el presidente era Mariano Rajoy, fue inmediata. En una votación casi simultánea a la del Parlament llevada a cabo en el Senado, la Cámara Alta aprobó suspender la autonomía de Cataluña a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Tras la declaración de la DUI, el Senado aprobó la aplicación del 155 para suspender la autonomía de Cataluña.
Rajoy, reunido de urgencia con sus ministros, ordenó el cese del president Puigdemont y de toda la Generalitat, la disolución de Parlament y la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre. Una decisión que consideró urgente para "devolver la voz a los ciudadanos catalanes para que decidan su futuro" y para que "nadie pueda cometer ilegalidades en nombre" de la ciudadanía de Cataluña.
"Son las urnas, las de verdad", las que tienen que establecer "los controles y garantías" y "las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes", afirmó Rajoy. Antes había pedido "tranquilidad" a la sociedad española garantizando que legalidad sería restaurada en Cataluña.
A partir de ahí se abrió la vía judicial, con una querella de la Fiscalía General del Estado contra los miembros de la Mesa del Parlament y del Govern bajo la acusación de rebelión, delito castigado con hasta 30 años de cárcel. Por su parte,el Gobierno español anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional