El 'caso Koldo' está presentando varias ramificaciones en distintos puntos del territorio nacional. Uno de ellos es Baleares, donde el Govern entonces liderado por la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, firmó un contrato con la empresa de la trama por valor de 3,7 millones de euros.

El actual Govern balear del PP ha hecho públicos nuevos documentos para reforzar su acusación contra Armengol, a quien acusan por no haberles informado del proceso a seguir para reclamar el dinero de unas mascarillas que eran defectuosas.

Javier Ureña, director del Servicio de Salud de Baleares, ha asegurado que estuvo en "los dos traspasos" de gobiernos, defendiendo que en ninguno de ellos se mencionño el expediente del caso. No obstante, Armengol defiende que sí les hizo entrega de dicho expediente.

"Más transparencia, imposible", ha asegurado la presidenta del Congreso de los Diputados. La compra se firmó con una empresa implicada en el 'caso Koldo' en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros. Un mes después, el Govern supo que eran de una calidad inferior, pero no lo reclamó hasta marzo de 2023, tres años después.

Para Armengol, su Gobierno sería, en todo caso, el "afectado" por esta cuestión. Las mascarillas se quedaron en un almacén y el PP les acusa de pagarlas con Fondos Europeos a pesar de saber que eran defectuosas. Además, les sorprende que no hicieran nada cuando la Guardia Civil les pidió información.

Entre acusaciones y reproches, el expediente ha caducado, pero el PP asegura que seguirá si no es a través de este procedimiento adminsitrativo, por otro nuevo.

La versión de Armengol: las mascarillas "no eran falsas"

Fuentes de la presidencia del Congreso consultadas por laSexta trasladan que pidieron un informe al Instituto de Higiene para saber si las mascarillas contratadas eran buenas o no a los 10 días de recibirlas, dejando claro que dichas mascarillas "no eran falsas".

Aseguran que la mayoría, del modelo KN95, estaban bien, aunque en esos momentos se requirió a los trabajadores sanitarios utilizasen el modelo FFP2. En ese momento, el Govern de Armengol sabía que podían pedir a Europa la factura de la compra, pidiendo la devolución de aquellas que sí que detectaron que eran defectuosas.

Por eso, alegan, han mantenido las mascarillas durante tres años hasta que tuviesen claro que no habría que hacer frente a más litigios por esta cuestión. Las únicas mascarillas almacenadas son aquellas que no eran de buena calidad precisamente por esta cuestión, según confirman estas fuentes a laSexta.