La Comisión de Incompatibilidades del Senado ha aceptado la propuesta del PSOE de investigar el patrimonio de la alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, para aclarar si vulneró el Código de Conducta de las Cortes Generales al no declarar todos sus bienes al inicio de la legislatura.

En una reunión celebrada a puerta cerrada, la comisión ha aprobado no solo iniciar por primera vez este procedimiento previsto en el código de 2020, sino también poner en marcha un plan de trabajo que incluye la recogida de documentación referida a los bienes de la senadora, que podrá ser citada para que dé explicaciones junto a otras personas convocadas para contribuir a los fines pretendidos.

En declaraciones a laSexta, Muñoz ha asegurado que está tranquila porque, dice, todo está en su declaración de la renta: "Siempre asumiendo cualquier decisión que quiera tomar la cámara, me imagino que al resto de los senadores que también han actualizado a lo largo de este ejercicio, los llamarán y les dirán lo mismo".

La portavoz del grupo socialista en la Cámara Alta, Eva Granados, ha celebrado en rueda de prensa la decisión adoptada por la comisión porque contribuye al "rendimiento de cuentas" ante la ciudadanía al que están obligados todos los representantes públicos y ha recalcado que "sin transparencia no hay honorabilidad".

Fuentes parlamentarias han explicado que el dictamen que recogía la activación del procedimiento ha sido aprobado por unanimidad, en tanto que el plan de trabajo propuesto por el PSOE ha contado con el apoyo mayoritario del grupo socialista, ERC, Junts y el PNV, y la abstención del grupo popular.

Formalmente, el objetivo de la iniciativa es determinar si Ángeles Muñoz vulneró el Código de Conductaal no reseñar propiedades en su declaración inicial de patrimonio que después si declaró a partir de informaciones de laSexta que también se hacían eco del procesamiento de su marido en una presunta trama corrupta y de su hijastro por narcotráfico y blanqueo de capitales.

El grupo socialista está decidido a pedir que la senadora comparezca ante la comisión y según su portavoz, Eva Granados, no duda de que lo hará "para aclarar cualquier duda" puesto que además ella "está en lo que el señor Feijóo entiende como gente de bien". Y es que, al contrario de lo que sucede con las comisiones parlamentarias de investigación, en este caso los convocados no están obligados a comparecer.

El plan de trabajo aprobado con 16 votos a favor y 10 abstenciones prevé una primera fase para recabar cuanta documentación requieran los grupos para contribuir a la investigación; la Mesa y Portavoces de la comisión tendrá que dar el visto bueno a las peticiones.

La segunda fase, de comparecencias, se celebrará del 14 al 31 de marzo, y la última consistirá en la elaboración de un informe a cargo de un grupo de trabajo constituido por dos senadores del PSOE, dos del PP y uno por cada uno de los demás grupos, hasta 11 miembros.

La idea es que el informe pueda ser elevado a la Mesa del Senado hacia el 4 de mayo, con suficiente distancia de las elecciones municipales del 28 de ese mismo mes.

El PSOE sospecha que la alcaldesa de Marbella vulneró las normas reguladoras del registro de intereses de diputados y senadores, así como el Código de Conducta de 2020. En su artículo 2 establece que los parlamentarios deben guiar su conducta por los principios de "integridad, transparencia, diligencia, honradez" y también con "responsabilidad y respeto" hacia las Cámaras y a la ciudadanía.

El artículo 3 señala que habrá conflicto de interés cuando un parlamentario tenga "interés personal" que pueda influir "de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes".

Ángeles Muñoz, según recalca el PSOE, habría ocultado parte de su patrimonio al admitir en una segunda declaración que una vivienda de 560 metros cuadrados en Suecia era enteramente de su propiedad y no solo el 50 %, al igual que otros inmuebles.

Hacen igualmente hincapié los socialistas en la "inquietante realidad" que supone que el patrimonio de la senadora, casada en separación de bienes, haya acumulado bienes por valor de más de 12 millones de euros, tras años dedicada en exclusiva a la política y sin percibir salario en su condición de alcaldesa de Marbella.