Satisfacción en el Gobierno tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que da vía libre a la exhumación de Franco. Fuentes a laSexta aseguran que el Ejecutivo siempre estuvo convencido de que las medidas del juez Yusty Bastarreche (que había alegado cuestiones de seguridad para paralizar cautelarmente las obras para levantar la losa) no serían un obstáculo,"y así queda demostrado".

Creen que ya no hay ningún impedimento para ejecutar la sentencia del Supremo, que avala el camino emprendido por el gobierno en cumplimiento de la decisión del Congreso de 2017.

Tras publicarse el fallo del Supremo avalando la exhumación, hace una semana, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ya dijo que que se quería proceder a la exhumación "cuanto antes", que la intención era hacerlo antes del inicio de la campaña electoral, es decir, antes del 1 de noviembre.

Calvo: "Pasamos una página durísima; la dictadura, el dictador y el haberlo tenido 40 años en ese lugar".

Salvado el último escollo

El magistrado, José Yusti Bastarreche, era el último obstáculo. Paralizó la exhumación de Franco porque la operación carecía de licencia urbanística y porque mover la losa suponía, según el juez, "un riesgo para la vida de los técnicos". Este juez es el mismo que se puso a disposición de la Asociación Libres y Iguales para luchar contra el secesionismo con un 'Viva España' y que calificó en su momento de "venganza y monserga" la Ley de Memoria Histórica.

El magistrado fue recusado por la Abogacía del Estado y apartado del caso hasta junio pero vuelve a estar al frente. La sentencia del Supremo, sin embargo, contradice sus tesis y dice que no hace falta licencia de obras para exhumar al dictador porque se trata de una obra menor.

El largo camino hasta la exhumación

Sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos es una de las primeras promesas que hizo Pedro Sánchez nada más llegar a Moncloa tras la moción de censura. El proceso se inició en el verano de 2018, con un real decreto que prohibía "que en el Valle de los Caídos esté enterrado nadie que no fuera víctima de la guerra civil", según explicó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que enmarcó todo el proceso en una "decisión de Estado" y una "responsabilidad histórica".

El proceso de exhumación de Franco se inicio en junio de 2018, tras la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Pero la Fundación Francisco Franco anunció un recurso ante "el cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades" para que los tribunales impidiesen una "tropelía" que el Gobierno "alza como victoria" y solo aumenta "la tensión, el enfrentamiento y la crispación entre los españoles", según explicaron.

El traslado a El Pardo

El Gobierno dio a la familia la posibilidad de elegir el lugar a donde serían trasladados los restos del dictador. Los nietos optaron por la cripta de la Catedral de la Almudena, pero desde el Ejecutivo se descartó por una razón de orden público y porque se incumpliría la Ley de la Memoria Histórica, según explicó la vicepresidenta Carmen Calvo.

El Ejecutivo descartó su traslado a la Almudena por razones de orden público y propuso el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Transcurrido el tiempo sin que la familia propusiera un lugar alternativo, el Ejecutivo decidió la fecha y el lugar. El 10 de junio, por la mañana, en el Panteón de Mingorrubio-El Pardo, que es de titularidad estatal. Según dijo Calvo, ese lugar reúne las condiciones idóneas de seguridad y es adecuado para recibir con decoro y respeto unos restos mortales. Además, los restos de la esposa del dictador están enterrados allí.

Pero en junio pasado, días antes de que se llegara al día D, el Supremo decidió suspender al exhumación de manera cautelar. Hasta la decisión definitiva que llegó el martes 24 de septiembre.