Cerdán vuelve a pedir al Supremo que le deje en libertad y que declaren como testigos los agentes de la UCO

La defensa de Santos Cerdán ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo la libertad del exdirigente socialista y nuevas diligencias de investigación. En sendos escritos, presentados este lunes y a los que ha tenido acceso laSexta, sus abogados solicitan que declaren como testigos los propios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizaron los últimos informes policiales, así como el comandante Rubén Villalba-también investigado- y su jefe, al que se le comunicó la detención de su subordinado.

Peticiones que llegan 70 días después de que el ex 'número tres' del PSOE ingresara en la prisión de Soto del Real el pasado 30 de junio, tras declarar como investigado ante el juez Leopoldo Puente en el marco de la causa que instruye en el Alto Tribunal por la trama de presuntas mordidas a cambio contratos de obra pública amañados en la que también están imputados el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García.

Cuestionamiento de los audios

En el escrito por el que se pide la práctica de nuevas diligencias, la defensa de Cerdán cuestiona los audios que le implicaron en la trama. Su "origen" y "naturaleza", desliza su representación, "continúa siendo a día de hoy una auténtica incógnita": "Lo único que a día de hoy sabemos sobre dichos audios es que se obtienen a través de teléfonos que han sido proporcionados por un comandante de la Guardia Civil investigado en la causa, el Sr. Rubén Villalba", incide.

Destaca también en este sentido que el propio Koldo no reconoce la autoría de las grabaciones y cuestiona la "integridad de la cadena de custodia" de las mismas, así como su autoría: "Desconocemos por lo tanto a día de hoy quién ha grabado estos audios, en qué circunstancias y para qué", recalcan los abogaos de Cerdán. "No se puede seguir sosteniendo que son grabaciones entre particulares, porque no lo son. Esto es una afectación grave al derecho a la defensa", esgrimen.

Reiteran también la necesidad de acceder a todo el material y sostienen que "comprender cómo, quién, cuándo y por qué hace que la investigación llegue hasta el Sr. Cerdán" es "imprescindible" para que se respete su derecho a la defensa.

Así las cosas, piden también que la UCO aporte de forma inmediata todos los informes pendientes, concretamente el informe patrimonial, así como el material "expurgado" y declarado "secreto". También que la UCO investigue específicamente cuál era el motivo de la existencia del chat "K fontanería" de miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil dependiente de Villalba, quién lo creó, con qué miembros, a quién se referían con esa letra "K" y a qué actividad se referían cuando hablaban de "fontanería".

Koldo actuaba como "cuasipolicía"

En cuanto a la petición de libertad, que el Supremo ya ha denegado anteriormente y que ha llevado a la defensa a presentar también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, uno de sus argumentos es también el de que la defensa no ha podido acceder a la totalidad de la causa. Sin embargo, los letrados también esgrimen una supuesta invalidez de las pruebas porque, dicen, Koldo actuaba como "cuasipolicía o larga mano de la policía".

"El Sr. Koldo ha negado ser autor de las grabaciones, pero en el caso de que lo hubiera sido, es evidente que lo habría hecho bajo la dirección policial y, por tanto, sería una prueba absolutamente nula", aseveran los abogados de la defensa , que aluden también a una "ausencia absoluta de la cadena de custodia" y otras vulneraciones de derechos fundamentales.

Igualmente, sostienen que no se han podido acreditar pagos de Servinabar o Accionaa Cerdán, que, aseguran, no tiene patrimonio oculto, sino que "es una persona honrada, que vive de su sueldo"." No existe patrimonio alguno que encontrar, no hay chalé, ni fincas de caza. Por mucho que se busque e indague siempre encontrarán al Sr. Cerdán disfrutando de su ocio en su pueblo, un trabajador honrado", insisten.

Así, denuncian lo que consideran "una prisión provisional con importantes riesgos, de basarse en pruebas cuyo origen y naturaleza desconocemos, de avalar una hipótesis policial sin indicios que la confirmen, de realizar una investigación judicial sin límites y sin objeto delimitado, de incriminar actividades propias de la participación política y de estar superando la proporcionalidad temporal de la medida de prisión provisional"

De esta forma, piden la "inmediata libertad" de su representado porque "el crédito" que se ha dado al Alto Tribunal para acreditar la hipótesis de corrupción "está vencido". "No hay pruebas y las actuaciones, salvo acreditación de contrario, están viciadas de vulneraciones de derechos fundamentales", defienden.