Pedro Sánchez afronta su primera investidura con mayoría absoluta. Lo hace tras llegar a acuerdos que le otorgarán el apoyo de 179 parlamentarios de ocho formaciones políticas y en un Congreso que se ha blindado ante el extremismo desatado en las calles durante los últimos 12 días.
El líder del PSOE llega al Congreso con más apoyos que nunca, pero tras semanas convulsas en las que poderes políticos, judiciales e incluso económicos han elevado el tono sobre la ley de amnistía. Por primera vez, obtendrá mayoría absoluta; lo hará en la que será su cuarta investidura. Solo en la moción de censura contra Mariano Rajoy consiguió aglutinar aún más síes, alcanzando los 180 parlamentarios a favor.
Con los apoyos cerrados, y si no hay sorpresas, Sánchez conseguirá más escaños que Leopoldo Calvo Sotelo en 1981, que Felipe González en 1986, que Zapatero en sus dos mandatos (2004 y 2008) y que Mariano Rajoy en 2016.
En 2020, la última investidura que protagonizó el líder socialista, Sánchez obtuvo 167 síes, 165 noes y 18 abstenciones, las de los 13 diputados de ERC y los 5 de Bildu. Otra diferencia respecto a su última investidura es que Sánchez podrá revalidar su mandato en primera votación, mientras que en 2020 tuvo que ser investido con mayoría simple.
Ofensiva contra la amnistía
Frente al apoyo rotundo de la mayoría de la Cámara Baja, la oposición trata de hacer frente en las instituciones y las calles. Los 'populares' ya han anunciado que llevarán la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional y algunos, como GonzálezPons, han lanzado una advertencia a esos jueces. Tendrán que decidir de qué lado están, les ha dicho, si es con los "constitucionalistas" o con "los enemigos de la Constitución".
Cuca Gamarra también ha apuntado al Constitucional. Pide que "demuestre su imparcialidad y que todos aquellos que tengan alguna tacha de parcialidad se abstengan". Una clara referencia al propio presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al exministro de Justicia con Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo y a la magistrada Laura Díez, asesora del Ministerio de la Presidencia la pasada legislatura. "Habrá recursos de inconstitucionalidad", ha insistido Gamarra.
Un tono que ha sido rápidamente rebatido por el PSOE. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha criticado cómo entiende el PP la democracia. "Para el PP, si los jueces no dicen lo que ellos quieren son antidemócratas, anticonstitucionalistas y antiespañoles", ha denunciado el socialista.
De hecho, este martes ha estado protagonizado por unaimagen insólita: la concentración de jueces contra una cuestión política como es el pacto PSOE-Junts. En ella, e magistrado decano de los juzgados de Sevilla, Francisco Guerrero, ha expresado "la preocupación judicial por determinados acuerdos políticos que afectan a la independencia judicial y al principio de separación de poderes".
El PP ha protagonizado otra batalla para tratar de frenar la investidura de Pedro Sánchez en el Senado. El pleno ha aprobado la reforma del Reglamento que pretende dilatar la aprobación de la ley de amnistía con los votos de la mayoría absoluta del PP, el apoyo de los senadores de Vox y UPN y entre quejas de la izquierda, que considera el cambio reglamentario inconstitucional.
Por su parte, Vox también se ha apuntado a intentar utilizar la justicia para parar la investidura anunciado una querella contra Pedro Sánchez. "Esperamos que los tribunales utilicen todas las herramientas a su alcance", instaba directamente el líder del ultraderecha Santiago Abascal. Quieren que el Supremo frene el pleno de investidura a través de medidas cautelares tras presentar la querella contra Sánchez.
El Congreso, un búnker
Entretanto, el Congreso se blinda ante la elevada tensión de las últimas jornadas en las calles. Al menos 1.600 efectivos velarán por la seguridad en la primera jornada de la investidura, de los cuales 1.300 pertenecen a la unidad antidisturbios, llegados de 11 provincias diferentes.
ya desde este lunes la seguridad era máxima en los alrededores de la Cámara Baja, con controles peatonales en los que miembros de la UIP pedían a todo aquel que quiera entrar en la carrera de San Jerónimo que se identificaran: solo podían acceder las personas vivieran o trabajaran en esta céntrica calle de la capital.
Un control peatonal que se ha repetido en las últimas dos jornadas en ambos lados de la calle y en todas las esquinas y que se ha endurecido a apenas horas del comienzo del debate. De hecho, las Fuerzas de Seguridad han revisado el alcantarillado de la Carrera de San Jerónimo y han establecido un cordón policial en varias manzanas a la redonda.