La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha clausurado el despacho que tiene en el sótano de su chalet antes de que el Ayuntamiento de Madrid ejecute el próximo 8 de octubre una orden de clausura en el conjunto de la vivienda por no tener licencia de primera ocupación.

Así lo ha adelantado eldiario.es y lo han confirmado fuentes de Desarrollo Urbano, que indican que los técnicos municipales se personarán en la fecha prevista en el domicilio de Monasterio y del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tal y como se había notificado para hacer "las comprobaciones oportunas".

ElAyuntamiento de Madrid emitió orden de clausura y precinto el pasado 3 de septiembre para este chalet, que además de ser el domicilio de ambos dirigentes de Vox alberga el estudio de arquitectura de Monasterio, sin que exista una licencia de funcionamiento de esta actividad, ni licencia de primera ocupación, según apuntan desde el Consistorio.

Los abogados de Monasterio y Espinosa de los Monteros están manteniendo reuniones con los técnicos del área de Urbanismo, tal y como suele suceder en los procesos de disciplina urbanística, para ver "cómo arreglar la situación" y son estos letrados los que han comunicado el cese voluntario de la actividad profesional en el sótano, señalan las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de la capital indica además que los dirigentes de Vox "han mostrado su intención y compromiso de ajustarse a la normativa y presentar una modificación de licencia".

Eldiario.es informa de que la dirigente de Vox cesa la actividad como un primer paso para regularizar la situación administrativa de la vivienda, aunque la orden de precinto y clausura pesa sobre el conjunto del chalet.

El 8 de octubre los técnicos de Urbanismo acudirán a la vivienda para comunicar "que van a ejercer la orden de clausura y a hacer las comprobaciones necesarias para ver si ha cambiado la situación", momento en el que se levantará acta, según detallan fuentes municipales.

Tras conocerse la orden de precinto Monasterio afirmó que su casa tiene licencia de vivienda y de despacho profesional y achacó la orden de clausura a una "maraña burocrática".