Nuevos datos tras conocerse que Anticorrupción investiga los gastos de tarjetas de crédito opacas que presuntamente usaban los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía y algunos de sus nietos y que no estaban a su nombre.
Según ha podido saber laSexta, el ayudante de campo del rey, el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, sería su testaferro, mientras que el dinero procedía del millonario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause.
Fuentes de la investigación precisan que las pesquisas se iniciaron en 2019 con un aviso del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), sobre los movimientos de una cuenta a nombre de Murga Mendoza.
También se tomó declaración al empresario mexicano Sanginés-Krause, que habría nutrido estas cuentas y pagado numerosos viajes y estancias del monarca emérito. Este empresario, amigo del emérito, le invitó a la reapertura de una iglesia irlandesa que había restaurado en 2017.
El magnate supuestamente ingresó grandes cantidades de dinero en la cuenta de Murga Mendoza, uno de los hombres de la máxima confianza de Juan Carlos I, quien a su vez habría sufragado gastos personales del rey. Fueron sus movimientos los que hicieron saltar la alarma.
Posible blanqueo o delito fiscal
La investigación ahora se centra, sobre todo, en si se pudo cometer un blanqueo de capitales con el uso de las cuentas bancarias a nombre de estos dos investigados.
No obstante, para que exista delito de blanqueo habría que demostrar el origen ilícito del dinero, mientras que para que existiera delito fiscal la cuota defraudada tendría que superar los 120.000 euros.
Según las mismas fuentes, por el momento no está claro que se cumpla ninguno de estos extremos, a la espera de la información que arrojen las comisiones rogatorias cursadas a México y otros países.
La Fiscalía Anticorrupción tomó declaración a ambos investigados, pero ahora el fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campo, el mismo que investiga la supuesta comisión del AVE a la Meca, es quien debe concluir si, junto al emérito, cometieron alguna irregularidad fiscal.
En cualquier caso, los movimientos de dinero investigados se produjeron después de la abdicación del rey Juan Carlos en 2014, por lo que ya no estaba protegido por la inviolabilidad que le reconoce la Constitución como jefe del Estado.