Que el Tribunal Constitucional pueda paralizar la reforma sobre su propia renovación es algo inédito. Este lunes, sus magistrados se reúnen en medio de toda una tormenta política que implica a Poder Judicial, Gobierno y oposición para valorar el recurso de amparo presentado por el PP para frenar la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye la renovación del CGPJ y del propio tribunal de garantías .

Un pleno extraordinario que ya se pospuso, a instancias de los vocales progresistas, tras preverse inicialmente para el jueves. Aplazamiento que permitió que la reforma se votara y aprobara en el Congreso, tras una bronca sesión repleta de reprochesmutuos entre el PSOE y el principal partido de la oposición.

Una reforma legal que, no obstante, aún tiene que pasar por el Senado, donde en principio se votará el jueves, aunque los 'populares' han pedido que se suspenda la votación.

La cuestión ha generado una enorme bronca política en los últimos días. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tachaba esta semana la situación de "un intento de atropellar nuestra democracia" por parte de la derecha, tanto "política" -dijo- como "judicial". Una afirmación que este sábado era tachada de "irresponsable" por parte del sector conservador del CGPJ. Entretanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusaba al Gobierno de "legislar de forma ilegal y en contra del Tribunal Constitucional".

Cronología del conflicto

La polémica, no obstante, viene de lejos: el pasado 12 de junio expiró el mandato de cuatro de los miembros del Constitucional, dos de los cuales tenían que ser nombrados por el CGPJ, que lleva en funciones desde ya hace cuatro años. Por este motivo, y para poder nombrar a los dos vocales que correspondía designar al Ejecutivo, el Gobierno impulsó ese mismo mes una ley para poder nombrarlos, que sentó muy mal al sector conservador y se aprobó en julio en el Congreso.

Sin embargo, dos meses más tarde, el 13 de septiembre, concluyó el plazo para designarlos porque la mayoría conservadora bloqueó los nombramientos. Para desatascar la renovación, el Gobierno propuso otra reforma la semana pasada para que los miembros del Constitucional sean elegidos en el CGPJ no por mayoría de tres quintos -que exigiría un consenso entre los bloques conservador y progresista- sino por mayoría simple.

La tormenta política

La crispación ahora es total, con la oposición acusando al Gobierno de legislar para mantenerse en el poder y de 'colar' esta reforma dentro de una iniciativa completamente distinta, la relativa a la reforma del delito de sedición. Una estrategia, la de forzar una ley a través de enmiendas a otras normas, que tanto PP como PSOE han utilizado en el pasado para sacar adelante medidas.

La situación, en cualquier caso, es de "enfrentamiento y ruptura absolutaentre los dos bloques de la Justicia", según explica el responsable de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, que apunta que su origen el bloqueo del CGPJ desde hace cuatro años.