Una veintena de reuniones, "cientos de llamadas" y "horas de negociación y diálogo". La reforma del sistema de pensiones ya es una realidad a espera de que sea ratificada en el Congreso de los Diputados. Fue anunciada a finales del mes de julio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance semestral. Sin embargo, ha sido este miércoles cuando se ha llevado a cabo su firma oficial en la que han participado desde Moncloa los agentes sociales que han permitido alcanzar este acuerdo que para Sánchez es "producto de la buena política".
En concreto, han acudido a este acto los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, así como los secretarios de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. También ha estado presente la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Pero, ¿en qué consiste el pacto?
En línea con lo que se avanzó en el verano y ha reafirmado este miércoles Sánchez, el acuerdo contempla "tres cosas importantes". Por un lado, el presidente ha destacado la "mejora de la compatibilidad entre la pensión de jubilación con el trabajo". Algo que permite garantizar "el tránsito a una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas", explicaba el socialista el día del anuncio.
Una flexibilización que afecta a la jubilación activa, la demorada y la anticipada. En el caso de la última, el acuerdo amplia de dos a tres años el plazo para solicitarla con límites en la reducción de la jornada, mientras que para la primera ya no será necesaria "tener una carrera de cotización completa". Cuestión que desde el Ministerio de Saiz consideraron de "especial incidencia (...) desde la perspectiva de género".
Sobre la jubilación demorada se contempla "la posibilidad de recibir un incentivo adicional por cada seis meses de demora a partir del segundo año y no solo cada doce meses" como venía siendo hasta ahora. Además, el acuerdo también incluye recuperar "el coeficiente multiplicador del 1,5" para "los trabajadores fijos discontinuos".
El presidente ha mencionado que la segunda cuestión importante de este acuerdo corresponde a la protección "los trabajadores con ocupaciones más duras, peligrosas y expuestas a riesgos" a través del establecimiento de "coeficientes reductores de la edad de jubilación" de los profesiones de este tipo de empleos basados en "la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja médica; así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos", reza el texto del acuerdo.
Asimismo, Sánchez ha subrayado el punto del texto en el que se contempla "aprovechar mejor los recursos de las mutuas con el fin de recuperar la salud de las personas trabajadoras". Para ser más concretos, el acuerdo establece que esta mayor efectividad se perseguirá mediante la regulación del "marco para la firma de convenios" entre Consejerías de Sanidad y entidades aseguradores respecto a "la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico".