El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha logrado sacar adelante este jueves una de las iniciativas clave de la legislatura: la reforma de la ley del aborto. El Congreso de los Diputados, con una importante mayoría, ha votado a favor de su modificación y, en consecuencia, su aprobación definitiva. Pero lo ha hecho en un escenario de tensión política no solo para el Ejecutivo, afectado aún por la polémica relativa a la ley del 'solo sí es sí'; también, por la posición del Partido Popular ante esta cuestión tras las palabras de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que han generado un sonoro malestar en el ala más conservadora de la formación.
La reforma de la norma ha salido adelante gracias a 185 votos a favor. A los partidos que han apoyado la medida ha agradecido la ministra de Igualdad, Irene Montero, su apoyo, si bien ha alertado de que habrá resistencias a la hora de aplicar la ley, tal y como ha ocurrido en todas las normas feministas. Durante su intervención, ha defendido el "aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, ser libres y ser felices". Y ha reivindicado "la lucha de las mujeres y la mayoría feminista de la Cámara que la hace posible". De nuevo, ha advertido de que el camino de la ley del aborto no acaba con su publicación en el BOE.
"Va a haber resistencias en la aplicación de la ley, igual que lo ha habido con todas las leyes feministas", ha alertado. Por eso, ha destacado que ahora toca trabajar con las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las administraciones competentes para garantizar que en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para realizar abortos, respetando el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios. También para que la educación sexual sea una realidad en todas las escuelas y para que se pueda combatir la pobreza menstrual. La titular de Igualdad ha celebrado la aprobación de esta ley que "amplía" los derechos de las mujeres, no sólo el derecho al aborto, sino los derechos sexuales y reproductivos porque sin ellos -ha dicho- las mujeres no son ciudadanas de pleno derecho.
Ha recordado al movimiento feminista y a las mujeres que han puesto el cuerpo y arriesgado incluso su vida por defender estos derechos y ha tenido unas palabras de especial agradecimiento para la ministra socialista Bibiana Aído. Montero ha explicado que la ley habla de educación sexual integral en todas las etapas educativas, necesaria para que los niños conozcan sus cuerpos, respeten la diversidad de las identidades sexuales y de género y para que sepan identificar violencias y aprendan a pedir ayuda si lo necesitan. Ha reprochado a la derecha su "incapacidad" para acercarse con respeto a personas que sólo quieren existir -en referencia a las personas trans- y ha abogado por alcanzar una sociedad en la que nadie se sienta culpable por ser quien es y en la que más de la mitad de la población deje de sufrir violencias por el hecho de ser mujer.
La incómoda situación de Feijóo
En contraposición, la reforma de la ley del aborto ha contado con 154 votos en contra; entre ellos, los de Vox y Partido Popular, formación esta última a la que, sorprendentemente, le ha pasado factura esta cuestión -justo una semana después de que el Supremo rechazara el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los populares hace 13 años contra la ley de plazos vigente desde 2010-. Las recientes palabras del líder de la oposición el debate y la votación de la reforma del aborto han generado malestar y hasta indignación en el sector más conservador del partido, lo que le ha obligado en los últimos días a hacer equilibrios para contentar a todo el espacio que dirige.
Recientemente, Alberto Núñez Feijóo se reafirmó en que el aborto es el "derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país". Según fuentes del partido, todos los afiliados, incluyendo el presidente, "se deben a lo que pone en los Estatutos del partido" y esas reglas internas "solo se pueden modificar en un congreso" del Partido Popular. El PP organizó su último congreso con debate ideológico en febrero de 2017, bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Ahí, la ponencia social quedó aprobada en estos términos: "El PP está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad".
El partido celebró otros dos cónclaves después, pero extraordinarios y sin ponencias. Uno en 2018 en Madrid, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, que eligió a Pablo Casado como presidente mediante unas primarias. Y otro en abril de 2022 en Sevilla para designar a Feijóo como líder del PP tras una profunda crisis interna por la guerra interna entre Casado e Isabel Díaz Ayuso. "Si vamos a las elecciones de este año con un programa electoral distinto a lo que dicen los Estatutos, alguien tendría que dar explicaciones", señaló uno de los cargos consultados por la agencia Europa Press, confesando que "no le han gustado nada" las palabras de Feijóo a favor de la ley de plazos.
Esa ala más conservadora del PP reprochó a Feijóo el equilibrio que ha intentado hacer diferenciando entre el derecho de la mujer y derecho fundamental. "Hoy juega a que no es un derecho fundamental. ¡Solo faltaba! No son acertadas sus palabras", proclamó un dirigente del partido. Otro veterano cargo 'popular' también cargó contra el presidente del PP por considerar el aborto como un derecho de la mujer. "El aborto no debe tener la categoría de un derecho, ni fundamental ni nada".
Claves de la norma
La ley busca garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años. La reforma, que introduce medidas novedosas, como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes, mantiene los plazos fijados por ley en 2010 y avalados por el Tribunal Constitucional, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación. Excepcionalmente podrá interrumpirse el embarazo hasta la semana 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto.
Después solo será posible cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable confirmada por un comité clínico. Estos son los ejes del proyecto impulsado por el Ministerio de Igualdad, que verá la luz con la oposición del PP y de Vox:
- Las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años. Se elimina el requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus representantes legales.
- Los centros sanitarios públicos deberán organizar sus servicios para garantizar la prestación del aborto.
- Se creará un registro de objetores de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.
- Se elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.
- Las reforma amplía los derechos reproductivos a todas las "personas trans con capacidad de gestar", es decir, a las que han cambiado su sexo al masculino pero que han mantenido su aparato reproductor femenino.
- La ley establece el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas incapacitantes.
- Se recoge asimismo el derecho a la incapacidad temporal desde el primer día de la semana 39 del embarazo y mientras se reciba asistencia sanitaria por un aborto y no se pueda trabajar.
- La reforma apuesta por la gratuidad de los productos de higiene menstrual -tampones, compresas o copas menstruales- en centros educativos, prisiones y centros sociales para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
- Se garantiza también el acceso público y universal a la anticoncepción y se insta a los poderes públicos a fomentar la corresponsabilidad, apoyando la investigación y financiación de anticonceptivos masculinos.
- La educación afectivo-sexual formará parte del currículo durante toda la educación obligatoria.
- La esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso, y la gestación por sustitución se recogen como violencias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer.
- Para prevenir los vientres de alquiler, ilegales en España, se prohíbe la publicidad que las agencias de intermediación y se realizarán campañas informativas.