El Gobierno ha aprobado nuevas medidas para hacer frente a la escalada de los precios y ha anunciado la creación de un nuevo impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Así lo ha adelantado Pedro Sánchez este sábado, tras un Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un nuevo paquete de medidas para contener la inflación y el impacto económico de la guerra en Ucrania, que supondrá un esfuerzo presupuestario superior a los 9.000 millones de euros, entre gasto público y reducciones de impuestos.

Tras unas intensas negociaciones, que se han prolongado hasta el último minuto, PSOE y Unidas Podemos finalmente han consensuado las nuevas medidas anticrisis, que se suman así a las ya aprobadas el pasado mes de marzo y con las que el Gobierno estima una contención de 3,5 puntos en el alza del IPC. Tal y como avanzó la víspera el líder socialista, las medidas se extenderán hasta final de año.

Durante su comparecencia, Sánchez ha dicho ser consciente de las dificultades que enfrentan las familias, las empresas y la industria ante la escalada de precios, que ha achacado fundamentalmente a la guerra. En este sentido, ha reconocido que la inflación -que se situó en el 8,7% en mayo- está en una cifra "realmente alta", aunque "en línea con la media europea", y ha recalcado que la invasión rusa ha generado incertidumbre en la economía europea.

Rebaja del IVA de la luz y el abono transporte

El decreto aprobado este sábado incluye la rebaja del 10 al 5% del IVA de la electricidad que Sánchez ya adelantó esta semana en el Congreso de los diputados. Además, el presidente ha indicado que se mantendrán hasta final de año el resto de medidas del decreto anterior, incluida la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles.

Como novedad, Sánchez ha anunciado una reducción en el precio del abono del transporte público. En concreto, según ha explicado, se trata de una rebaja del 50% de todos los abonos mensuales y de cualquier título de transporte multiviaje terrestre prestado por el Estado o entidades estatales, como Renfe.

Además, se establece una reducción del 30% para los abonos prestados por las comunidades autónomas y entidades locales, que la podrán completar con recursos propios hasta llegar al 50%. La medida, ha detallado, se aplicará desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de este año.

Aumento de las pensiones y cheque de 200 euros

Por otra parte, el presidente ha aludido a medidas para reforzar la protección de los colectivos más vulnerables ante el aumento de precios. En este sentido, ha anunciado un aumento del 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, que -ha dicho- se traduce en un aumento de 60 euros mensuales.

Asimismo, y para paliar los efectos de la inflación, el Ejecutivo ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para desempleados, autónomos y asalariados con ingresos menores de 14.000 euros, que se podrá solicitar durante el mes de julio. Una ayuda que no llegará, por tanto, a los 300 euros que proponía en un principio el ala 'morada' de la coalición.

Precisamente este cheque para los más vulnerables ha sido objeto de discrepancia durante las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, en particular por el nivel de renta para percibirlo, ya que la formación morada quería que el umbral se situara en los 30.000 euros. Aunque Sánchez no ha especificado el umbral de renta durante su comparecencia, sí lo han hecho Ione Belarra y Yolanda Díaz, y posteriormente fuentes de Moncloa han corroborado que será de 14.000 euros.

No obstante, fuentes de Unidas Podemos trasladan a laSexta satisfacción por las medidas anunciadas e inciden en que buena parte eran propuestas suyas y la vicepresidenta segunda ha reivindicado que las medidas aprobadas son una "herramienta sólida para frenar el efecto de la subida de precios en la economía de las familias".

Por otro lado, el líder socialista asimismo ha anunciado una limitación del precio máximo de la bombona de butano, que igualmente se prolongará hasta final de año.

Nuevo impuesto a las energéticas

Por otra parte, Sánchez ha destacado la creación de un nuevo impuesto a las energéticas, una medida que no se incluye en el decreto pero cuya importancia ha defendido "para garantizar un reparto justo de las cargas económicas y sociales provocadas por la guerra".

"El Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios energéticos", ha anunciado, precisando que este impuesto será presentado en las próximas semanas por los partidos de la coalición como una proposición de ley con la intención de que entre en vigor el 1 de enero de 2023.

"Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia", ha defendido a este respecto el presidente, que ha subrayado que "deben aportar más quienes están en mejores condiciones" y que no cabe que algunos se beneficien "a costa del perjuicio de las mayorías".

La tramitación de la proposición de ley para crear ese tributo a las energéticas será con carácter urgente: se presentará en julio en la Cámara Baja y durará aproximadamente de cinco meses. Según apuntan desde el Ejecutivo, el nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero del próximo año, pero sí afectaría al ejercicio de 2022, como se explica en el siguiente vídeo.