El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha tirado de correos electrónico para señalar a los ministros de Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y Rafael Catalá, como los responsables de la investigación sobre el origen de su fortuna que le ha llevado al banquillo. En la última sesión del juicio iniciado el pasado mes de diciembre en la Audiencia Provincial, Rato ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha leído varios correos electrónicos del que fuera jefe de gabinete de Montoro que demostrarían que meses antes de que se produjera la entrada y registro en su domicilio y en su despacho todos ellos estaban al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria, algo ilegal.
"Ya sabemos por qué estoy aquí", ha dicho Rato, que ha afeado el "dolorosísimo y larguísimo procedimiento" al que ha sido sometido él, su familia y "todo el que se ha cruzado conmigo" mediante una acusación "improcedente". Rato ha aludido a la investigación abierta contra Equipo Económico, el despacho del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por un presunto tráfico de influencias con la Agencia Tributaria en beneficio de sus clientes en la que ha aparecido su nombre. Uno de los correos electrónicos, fechado el 21 de enero de 2015, tres meses antes de los registros de abril, lo envía Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete del ministro de Hacienda, al titular de Economía, Luis de Guindos, al que explica que el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quiere comentarle "la situación fiscal de Rato".
Antes incluso, en febrero de ese año, Martínez Rico le había indicado en otro correo a Montoro que Rato "sí presentó la Declaración 720 -de bienes procedentes del extranjero-", y que habían pedido a la Agencia Tributaria "la información y vamos a revisar la que habíamos elaborado y te entregamos por si hay alguna errata que corregir". Un día antes de la entrada y registro, que Rato siempre ha denunciado como nulos al haberse hecho sin las garantías procesales necesarias, el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró en una entrevista con EFE que el exvicepresidente se había acogido a la regularización fiscal, información de la que no podía disponer y que "sólo podía conocer a través del ministro de Hacienda".
El 16 de abril, día en el que se produjeron los registros y la incautación de documentos, el jefe de gabinete de Montoro escribió en otro correo que lo sucedido "nos viene bien para demostrar que la amnistía fiscal ha servido de señuelo a la Agencia Tributaria para centrar investigaciones de fraude fiscal y que de la investigación posterior, incluso, puede derivarse acusación por delito fiscal". Rato ha calificado la "compleja y artificialmente dilatada instrucción" como un proceso "absoluta y radicalmente injusto", que ha puesto en evidencia la improcedencia de la acusación, un "castillo de naipes fabricado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado", ante lo que su defensa ha aportado "muchos y muy consistentes argumentos". También ha agradecido a la Sala "su buen hacer", que en su opinión ha buscado siempre "comprender con profundidad hechos complejos de por sí y los artificialmente complejos presentados por la acusación".