El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha decidido reunirse con los integrantes del Comité Ejecutivo de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC).
Rajoy recibe a la asociación, que se muestra a favor de la celebración de la consulta soberanista convocada por Artur Mas para el 9 de noviembre, después de que el presidente de la patronal expresara en un acto, el pasado 9 de julio, la preocupación de los empresarios por la "incapacidad de dialogar" entre la Generalitat y el Gobierno sobre el debate independentista.
En ese acto, al que también asistió el 'president' de la Generalitat Artur Mas, González reiteró el apoyo de la patronal que preside a la consulta por entenderla como "una expresión inequívocamente democrática".
Rajoy escuchará este viernes en el Palacio de la Moncloa los argumentos de estos empresarios. Sin embargo, ha declarado que va a reiterar su posición frente a la cuestión, razonando que no puede autorizar el referéndum en Cataluña porque está fuera del marco de la legalidad
Esta misma semana, el presidente del Gobierno también recibió a una delegación de la Sociedad Civil Catalana, organización contraria a la consulta soberanista.
Por su parte, Artur Mas se ha reunido por tercera vez con el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir en un encuentro celebrado, también, este viernes en el Parlament.
Con la vista puesta en su reunión con Rajoy para hablar sobre la consulta soberanista, Artur Mas preside un acto al que acudirán la presidenta del Parlament Núria de Gispert, el alcalde de Barcelona Xavier Trias, los presidentes de la Diputación de Lleida, de Barcelona, de Girona y de Tarragona y otros representantes del Govern.
También se ha invitado a los representantes de los grupos parlamentarios que se posicionan a favor de la celebración de la consulta. Esto es, Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Candidatura d'Unitat Popular (CUP).
En esta ocasión, se debatirá la posible realización de un acto multitudinario en el que participarían todos los sindicatos, entidades y partidos políticos que forman parte del organismo para proclamar el derecho a decidir. También se plantea el envío de una carta al presidente del Gobierno en la que se demanda la legalización de la consulta de autodeterminación para el 9 de noviembre.