Doce líderes independentistas se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación por la organización ilegal del referéndum del 1 de octubre y por declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, todos ellos "dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia perfectamente planificada y organizada para fracturar el orden constitucional". Estos son los doce acusados y las acusaciones de un juicio sin precedentes en la historia de España:
Oriol Junqueras
El exvicepresidente de la Generalitat y exconseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, está acusado de rebelión y malversación. La Fiscalía pide para él 25 años de cárcel mientras que la Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel por sedición y malversación.
Está considerado como uno de los principales promotores del 'procés' y se le acusa de haber ocultado los gastos del referéndum así como de aprobar normas necesarias para la convocatoria del 1-O.
Carme Forcadell
La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, se enfrenta a 17 años de prisión por rebelión. Era la principal representante del poder legislativo y, bajo su presidencia, se sometió a voto la declaración unilateral de independencia.
También se la acusa de ser "promotora" en la organización del 1-O al haber permitido el trámite de iniciativas para impulsar el 'procés' independentista.
Jordi Turull
El exconseller de la Presidencia del Govern, Jordi Turull, está acusado por rebelión y malversación y la Fiscalía pide para él 16 años de prisión. Su departamento desplegó supuestamente toda una estrategia de difusión y publicidad institucional del 1-O y autorizó, junto a otros consellers, contrataciones para su convocatoria.
Se le acusa además de haber dado permiso para financiar programas informáticos con los que llevar a cabo la consulta, páginas que evitaran la acción policial y propaganda independentista.
Josep Rull
El exconseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, está acusado de delitos de rebelión y malversación, por los que se enfrenta a 16 años de cárcel. La Fiscalía afirma que participó en las reuniones donde se definió la estrategia independentista para el 1 de Octubre.
Además, está acusado de impedir que un barco en el que viajaba la Policía atracase en la bahía de Palamós (Girona).
Joaquim Forn
El que fue conseller de Interior durante la convocatoria ilegal del referéndum de independencia está acusado por delitos de rebelión y malversación. La Fiscalía pide para él 16 años de prisión por diseñar un operativo policial comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado".
Además, se le acusa de impulsar la consulta a pesar de los hechos violentos acontecidos en el Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017 y de poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Jordi Sánchez
El expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, se enfrenta a 17 años de prisión por un delito de rebelión al considerarse "promotor" de la "estrategia de movilización creciente y permanente" del 1-O.
Se le acusa de alentar a los ciudadanos a ocupar los colegios electorales para impedir la acción policial así como de impedir la actuación de la Polícia en el Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017.
Jordi Cuixart
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, está acusado de un delito de rebelión por el "papel decisivo" que jugó durante el referéndum del 1 de octubre. Las acusaciones concluyen que empleó a su asociación para movilizar a un gran número de personas y organizarlas en los colegios electorales.
Además, se le acusa en el escrito de poner en peligro la integridad física de los ciudadanos que se desplazaron a los espacios habilitados para votar al impedir la acción policial.
Raül Romeva
El exconseller de Relaciones Institucionales y Exteriores está acusado de "legitimar internacionalmente" el 'procés'. Bajo su dirección, se crearon delegaciones catalanas en el extranjero, se abrieron webs internacionales para informar sobre el referéndum y se desplegó una campaña internacional de la imagen de la Generalitat.
La Fiscalía pide 16 años de cárcel para Romeva por un delito de rebelión y malversación.
Dolors Bassa
La exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, se enfrenta a 16 años de prisión por "ocultar gastos destinados a la consulta ilegal del 1-O", así como de desarrollar una estrategia que impulsara la movilización de voluntarios catalanes para que hicieran posible la votación.
También está acusada de utilizar su departamento para soportar el gasto de la impresión de papeletas así como de elaborar el censo electoral.
Santi Vila
El exconseller de Empresa del Govern, Santi Vila, está acusado de desobediencia y malversación, por lo que se enfrenta a hasta siete años de cárcel. Ninguno de los escritos de las acusaciones detallan en concreto lo que hizo Vila más allá de que tenía conocimiento de los hechos.
El exdirigente del PdeCat dimitió días después de la consulta ilegal del 1-O y consiguió eludir la prisión provisional al pagar una fianza de 50.000 euros.
Carles Mundó
El exconseller de Justicia, Carlos Mundó, está acusado de no obedecer ninguno de los requerimientos del Tribunal Constitucional, colaborar en la convocatoria del referéndum ilegal y autorizar gastos ilegales de dinero público.
Mundó pasó un mes en la cárcel y salió en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros. Se ha desvinculado del resto de los acusados y solicitó cambiar de abogado.
Meritxell Borrás
La exconsellera de Gobernación, Meritxell Borrás, está acusada de malversación de caudales públicos y desobediencia, delitos por los que la Fiscalía pide para ella siete años de cárcel. Se le imputa por haber autorizado contrataciones necesarias para la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña.
Borrás pasó un mes en la prisión de Alcalá Meco hasta que pudo abonar 100.000 euros para obtener la libertad provisional. En las sesiones del juicio dije que el referéndum "era una expresión política sin consecuencias legales".
Jueces
El tribunal que juzga a los procesados está compuesto por siete magistrados: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez, Luciano Varela, Andrés Palomo y Ana Ferrer.
Su trabajo es recibir todas las pruebas necesarias para decidir si en los hechos acontecidos durante el referéndum del 1-O y los días anteriores se puso en peligro la seguridad ciudadana como para justificar una condena por un delito de rebelión.
Además, deberán comprobar y analizar los gastos que se produjeron en los distintos departamentos del Govern para determinar si hubo una financiación ilegal de la consulta con capital público.
Fiscalía
Los fiscales que representan al Ministerio Público en el juicio del 'procés' son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena.
En su escrito de acusación solicitan una pena de 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; 17 años de cárcel para Jordi Sánchez, Jordi Cuxart y Carme Forcadell; 16 años para Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, y Dolors Bassa; siete años de cárcel por desobediencia para Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila.
La Fiscalía sostiene que en el marco del 1-O se produjeron distintos delitos de rebelión, revelación de secretos, prevaricación, malversación, desobediencia, lesiones, resistencia a la autoridad, organización criminal y sedición. También defienden que los Mossos se convirtieron en "un equipo armado al servicio del independentismo".
Abogacia del Estado
La Abogacía del Estado basa su acusación en la sedición de los líderes independentistas "por impedir, mediante la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes".
En su escrito solicitan 12 años de cárcel para Oriol Junqueras; 11 años y medio para Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; 10 años de prisión para Carme Forcadell; ocho años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; siete años para Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó.
Acusación popular
La formación de Santiago Abascal, Vox, ejerce como acusación popular en el juicio del 'procés' que se celebra en el Tribunal Supremo. Los encargados para llevar a cabo sus acusaciones son el mismo secretario general del partido, Javier Ortega Smith, y el vicesecretario jurídico, Pedro Fernández.
Vox solicita para Oriol Junqueras y los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos. Para los exconsellers Meritxell Borràs y Carles Mundó solicita 24 años de prisión y multas de 108.000 euros
A su vez, piden para Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell, 52 años de prisión por dos delitos de rebelión, de sedición, y un delito de organización criminal. Hace unas semanas la formación anunció que retiraba la acusación a Santi Vila, donde ahora solo ven delito de desobediencia, no castigado con la cárcel.
