Aunque los expertos en ciberseguridad coinciden en señalar las dificultades para poder seguir el rastro que deja el programa Pegasus, la Justicia se ha puesto en marcha para intentar determinar la autoría de los espionajes que habrían sufrido en los últimos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los principales líderes del independentismo catalán.

La denuncia del Gobierno, interpuesta por la Abogacía del Estado, parte de un informe que realizó el pasado 30 de abril el Centro Criptológico Nacional. Este organismo, asociado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), determinó con exactitud dos intentos de intrusión en el teléfono de Pedro Sánchez los días 19 y 31 de mayo de 2021 y otro en el terminal de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que tuvo lugar durante el mes de junio de ese mismo año. También habría sido espiada la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y se investiga si otros ministros, como el extitular de Justicia Juan Carlos Campo, fueron objeto de ataques informáticos.

Los nombres del presidente y los ministros se unen a los más de sesenta cargos independentistas catalanes y vascos cuyos teléfonos, según una investigación realizada por el observatorio 'The Citizen Lab', compuesto por un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, habrían sido infectados con el programa Pegasus como resultado de una serie de maniobras de espionaje que ERC y Junts per Catalunya han atribuido sin reparos al Gobierno de Pedro Sánchez y los servicios de inteligencia del CNI. Para desarrollar esa actividad dentro del marco de la legalidad, el departamento dirigido por Paz Esteban López habría tenido que recabar el permiso del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, miembro de la Sala Tercera del alto tribunal, en todos y cada uno de los pinchazos.

Sin embargo, el diario británico 'The Guardian' ha elevado el número de españoles espiados con el programa Pegasus a más de 200 y ha apuntado que detrás de estas actividades se encontraría el Reino de Marruecos. Antes de que el escándalo estallara el único ciudadano español que había podido confirmar que había sido espiado con este software era el periodista Ignacio Cembrero, que considera que la cifra de víctimas de los ataques informáticos debe de ser mayor que la publicada. "200 personas me siguen pareciendo muy pocas porque en Francia fueron 1.000 los teléfonos infectados y España es un país tan importante como Francia para Marruecos", razona.

El requisito para que investigue la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha asumido las pesquisas por el sistema de reparto que rige en este tribunal, justifica su competencia para investigar estos hechos en que se trataría de un delito contra representantes de Altos Organismos de la Nación, capítulo de delitos que corresponde investigar a los juzgados centrales de instrucción en virtud de la asignación de competencias que realiza la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Este requisito, según fuentes jurídicas consultadas por laSexta, no se produciría en la mayoría de las denuncias, querellas y demandas presentadas o anunciadas en los últimos días por los dirigentes independentistas que también habrían sido objeto de pinchazos telefónicos, por lo que la investigación correría a cargo de juzgados ordinarios. "La Audiencia Nacional sería competente en el caso de que el espionaje hubiera afectado a los presidentes de la Generalitat o del Parlamento catalán y que se interpretara, de forma extensiva, que estas dos instituciones también son altos organismos de la Nación", explican.

Sin embargo, otros dirigentes políticos y sociales que supuestamente fueron espiados han movido sus fichas fuera de la Audiencia Nacional. Es el caso de los representantes de la CUP Albert Botrán, Carles Riera y David Fernández y de los dirigentes de Òmnium Cultural Marcel Mauri, Elena Jiménez y Meritxell Bonet, que han interpuesto sendas querellas en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona. Argumentan que los hechos supuestamente delictivos se cometieron en su lugar de residencia y es allí donde tienen que ser investigados. Lo destacado de estas dos iniciativas, coordinadas por el abogado Benet Salellas, es que se dirigen contra la empresa NSO Group, que comercializa el programa Pegasus y tiene capital israelí y domicilio fiscal en Luxemburgo. El objetivo último de los querellantes es la identificación de los clientes que podrían haber dado un mal uso a sus servicios.

"Como NSO únicamente dispone de licencias del programa-espía Pegasus para venderlo a Estados, de lo que se trata es de investigar la posible responsabilidad de las agencias gubernamentales españolas en relación con víctimas de nacionalidad española que se encontraban en territorio español", señala el texto de la querella, a la que ha tenido acceso laSexta.

Además de la imputación de la compañía como persona jurídica y la declaración como investigado de su representante legal, los querellantes solicitan al CNI, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía que aclaren si han utilizado alguna vez el programa Pegasus y solicitan que declaren como testigos varios altos cargos del Gobierno central, entre los que se encuentran los directores del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Centro Tecnológico de Seguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.

Vía civil para reclamar indemnizaciones

La tercera vía judicial abierta tras el escándalo del espionaje con Pegasus, que se desarrollará de forma paralela a las iniciativas por la vía penal, es la que han anunciado el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente de la Generalitat Josep Costa, de Junts per Catalunya, que acudirán a la Sala Civil del Tribunal Supremo para presentar una demanda contra Pedro Sánchez, en calidad de "máximo responsable de los servicios de inteligencia del Estado español".

Los demandantes apuntan que el espionaje habría supuesto la vulneración de seis derechos fundamentales de los afectados -entre ellos los de intimidad, libertad de expresión y opinión- y reclaman ser indemnizados por los perjuicios que habrían sufrido.

El objetivo de esta iniciativa es que el Supremo reconozca la vulneración de esos derechos y, en el caso de no lograrlo en la jurisdicción española, presentar una demanda de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.