Felipe VI debe proponer un nuevo candidato a la investidura. Pero si la persona elegida declinase el encargo como ya hizo Mariano Rajoy, estaríamos ante una situación inédita en nuestra democracia.
Existe un auténtico vacío legal. Ni la Constitución, ni el reglamento del Congreso ni incluso la Ley del Gobierno prevén que todos los candidatos puedan renunciar a la investidura. De hecho, tampoco se establecen plazos para que el rey nombre candidatos.
Si todos los candidatos renunciasen, una opción sería arbitrar una solución no prevista en la Constitución. Un ejemplo: que el Congreso acuerde que el presidente en funciones se presente a la investidura aunque no tenga la mayoría de los apoyos.
Otra opción sería que, también el rey, proponga a otro candidato, incluso sin ser parlamentario o el líder de un partido político.
Solo así, designando a alguien y celebrando el debate de investidura, se pondría en marcha el plazo de dos meses para formar Gobierno y elegir Presidente o, si no, disolver las cortes y convocar nuevas elecciones.