EL DICTADOR MURIÓ HACE 50 AÑOS
De qué se encarga la Fundación Francisco Franco que el Gobierno quiere ilegalizar
El contexto El Gobierno ha iniciado los trámites para ilegalizarla, puesto que atenta contra la dignidad de las víctimas del régimen y contra la Ley de Memoria Democrática.
La Fundación Francisco Franco, fundada en 1976, es la encargada de organizar el coro que, antes en el Valle de Cuelgamuros y ahora en el cementerio de El Pardo, entona cánticos en favor del dictador cada 20 de noviembre, así como ensalza y promueve su pensamiento y figura. De hecho, como ha explicado el vicepresidente de la organización, Jaime Alonso, para ellos Franco "siempre será el referente". "Franco siempre será la solución a todos los problemas que pueda tener España", ha añadido.
Para ellos, Franco no fue un dictador, de hecho, reivindican que fue el verdadero artífice de la Transición: "Durante su reinado hizo la transición de la república a la monarquía", ha señalado Alonso. Sin embargo, la realidad es que este cambio de modelo de gobierno le costó a los españoles 40 años, así como el asesinato y la represión de miles de compatriotas. A propósito, para ellos no era necesario ni siquiera el hecho de consultar a los españoles en unas elecciones.
Por otra parte, otro de los hechos que avergüenzan a las víctimas es que quienes sostienen económicamente a la fundación no solo no tienen que cotizar por sus donaciones, sino que además reciben beneficios fiscales. Tal y como ha reseñado el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica 17/08/2018, Bonifacio Sánchez, esto supone un "escarnio para las propias víctimas".
No obstante, a pesar de que durante muchos años se han sentido intocables, en los últimos años no han parado de acumular derrotas. Primero, más de 200.000 españoles firmaron para que desapareciera y se hiciera cumplir la Ley de Memoria Democrática y, después, fracasaron al impedir que se sacase los restos de Franco del Valle de Cuelgamuros.
Con todo, el Gobierno ha comenzado los procedimientos para ilegalizar la asociación, la cual atenta contra la memoria de las víctimas del régimen y la Ley de Memoria Democrática. El Ejecutivo les acusa de ensalzar la dictadura, humillar a las víctimas y de no cumplir con el interés general. Ahora, la organización tiene diez días para presentar las alegaciones pertinentes y, a pesar de que están modificando sus estatutos para tratar de esquivar la ilegalización, la decisión final corresponderá a la Justicia.
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