PSOE y Sumar tienen ya acuerdo de gobierno para su potencial Ejecutivo de coalición. Un acuerdo programático que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han rubricado este martes y cuya medida más destacada es la reducción de la jornada laboral. Pero, ¿qué dice el pacto en materia de vivienda?
El acuerdo dedica precisamente a esta cuestión su quinto punto, bajo el epígrafe "garantizar el derecho a la vivienda y transporte de calidad para todos y todas". Estos son los compromisos que recoge:
1. Aumentar el parque público de vivienda para alquiler asequible. En este sentido, el acuerdo promete "una decidida y ambiciosa política de inversión pública a medio y largo plazo" para elevarlo hasta el 20% del parque total. Según datos recogidos en el Observatorio de Vivienda y Suelo de 2020, en España la vivienda social solo representa un 2,5% sobre las viviendas principales.
El pacto recoge también que esto se llevará a cabo "poniendo a los jóvenes en el centro del acceso a la vivienda" y precisa que el parque de vivienda pública se ampliará mediante la compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y también movilizando la vivienda vacía. A tal efecto, se contará también con las viviendas de la Sareb. "Blindaremos el uso público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible", asegura el texto.
2. Contención de los precios. PSOE y Sumar se comprometen a desarrollar las medidas de la Ley de Vivienda para contener los precios, con incentivos fiscales y mecanismos de regulación de los alquileres. El acuerdo dispone en este sentido que se definirá "con carácter inmediato" el índice de precios de referencia para identificar zonas tensionadas.
3. Monitorizar los efectos de la Ley de Vivienda y la evolución del mercado para garantizar que contribuya de forma efectiva a hacer asequible el alquiler y a la contención de precios.
4. Revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas tensionadas.
5. Ayudas para mejorar accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética. El acuerdo prevé habilitar un programa nacional de ayudas y subvenciones a este efecto y mejorar la implementación y ejecución de las mismas. La prioridad será la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar 500.000 viviendas. Se prevé priorizar a familias con hijos a cargo con menos ingresos e impulsar además la rehabilitación anual, como mínimo, del 5% de los edificios públicos.
6. Impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico mediante la aprobación de un plan estratégico.
7. Ampliar el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas hasta la renta media: 37.800 euros.
8. Mejoras de los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos o la solicitud de la dación en pago. Estas medidas, sostiene el documento, se adoptarán "fruto del diálogo con las entidades financieras".
9. Mercado hipotecario más competitivo. Los partidos firmantes se comprometen a eliminar los obstáculos a la "portabilidad real" de las hipotecas entre entidades, reforzando la supervisión tanto financiera como de competencia e impulsando la transparencia.
10. Consolidar el Bono Alquiler Joven y que se convierta en una medida a largo plazo, ampliando la financiación, "para llegar a toda la población joven".
11. Desarrollar y aplicar la nueva línea de avales del ICO para ayudar a los jóvenes menores de 35 años a comprar su primera vivienda con el objetivo de posibilitar la compra de unas 50.000 viviendas.
12. Erradicar el sinhogarismo de calle en 2030, desarrollando el Acuerdo Marco e impulsando la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030.
13. Desahucios y lanzamientos. El acuerdo prevé impulsar las medidas necesarias para garantizar los mecanismos de protección contemplados en la la Ley de Viviendaen materia de desahucios y lanzamientos.
En concreto, el acuerdo refiere actuaciones para asegurar que, una vez comunicada la existencia del procedimiento a las Administraciones y verificada la situación de vulnerabilidad, se presente al juzgado propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la Administración y propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar igualmente por la Administración competente, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada.
14. Aplicar los recursos de los planes estatales en materia de vivienda y crear mecanismos para "garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible". Impulsar un registro de viviendas vacías.