El rey viaja este viernes a Barcelona, casi dos semanas después de suspenderse su asistencia -por primera vez- a la entrega de despachos a nuevos jueces. ¿Qué ha cambiado desde el 25 de septiembre para que ahora el Gobierno sí autorice su visita a la capital condal?
Felipe VI va a presidir la entrega de premios de la Barcelona New Economic Week y estará, además, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Habrá foto de ellos juntos tras la polémica, avivada con las declaraciones de ministros de Unidas Podemos como Alberto Garzón y Pablo Iglesias, que llegaron a acusar al rey de "maniobrar contra el Gobierno" por su llamada al presidente del Consejo General del Poder Judicial para, según Carlos Lesmes, mostrar su deseo de haber estado allí.
Pero lo dicho, qué pasa ahora, 5 de octubre, que no pasaba el 25 de septiembre, o viceversa. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha sido clarísimo: ya no está el 1 de Octubre -fecha del referéndum ilegal- a la vuelta de la esquina y el Supremo ya se ha pronunciado sobre la condena a Torra y ha confirmado su inhabilitación.
Para Campo, la visita de ahora se "instala en la normalidad". "Es la comunidad autónoma que más ha visitado con Andalucía", ha recordado en una entrevista reciente, para después señalar que, en esta ocasión, existen "elementos diferenciales" que permiten que el rey acuda sin ningún problema.
"No es ya 1 de octubre, la sentencia se ha dictado... es una obligación de los gobernantes el crispar menos", ha apuntado Campo, que ha insistido en que la ausencia del rey de la entrega de juecesno se produjo por un "problema de seguridad", sino para velar por la convivencia.
A su juicio, "como gobernantes tenemos la obligación de intentar crispar menos a la sociedad. Como Gobierno tenemos una obligación de fomentar una mejor convivencia. Y estoy convencido de que el Rey es el primero que lo quiere".
En este contexto, Campo ha afeado a quienes interpretaron el veto a Felipe VI como una muestra de desafecto por el rey y por la monarquía por parte del Ejecutivo. "Quien quiera hacer esa interpretación torticera se está equivocando. Se entendió que había que evitar una posible crispación social", ha insistido.
Para reafirmar su defensa de la Casa Real, el ministro ha afirmado que, pese a ser "mesurado en sus comentarios", el ordenamiento constitucional es "algo por lo que merece la pena luchar sin límite".
Por eso, el titular de Justicia ha vuelto a incidir en que no comparte las palabras de su compañero de gabinete, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre Felipe VI. "No es la visión del Gobierno en absoluto. Pero creo que también hay que defender el juego de la libertad de expresión", ha opinado.