Según publica 'elnacional.cat', Puigdemont no acepta haber sido cesado por el Gobierno en aplicación del artículo 155, por lo que consecuentemente tampoco acepta la condición de expresidente y el sueldo que eso conlleva.

Puigdemont ha tomado esta decisión después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le diera este martes un plazo de diez días hábiles para decidir si solicitaba acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería, que estaría en torno a los 112.000 euros al año.

Según la ley catalana de los expresidentes de la Generalitat, Puigdemont hubiera podido cobrar durante hasta cuatro años estos 112.000 euros al año, equivalente al 80 por ciento del sueldo de antes de ser cesado.

La ley también establece que, cuando llegan a la edad de 65 años, los expresidentes tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en un asignación mensual igual al 60 por ciento de la retribución mensual que tenían cuando ejercían el cargo.

El presidente cesado, que durante toda la legislatura ha renunciado al sueldo de diputado, sí se dará de alta para cobrar el sueldo base de los parlamentarios que les corresponde durante los meses que transcurran hasta la constitución del próximo Parlament, que será con toda probabilidad en el mes de enero.