¿Puede librarse el novio de Ayuso de sus causas por corrupción y fraude? La condena al fiscal general abre un nuevo escenario

La condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos reservados no solo afecta al propio Álvaro García Ortiz, sino que la sentencia también podría tener una incidencia en las dos causas abiertas, por fraude fiscal y corrupción en los negocios, que tiene Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Afectar porque la defensa de González Amador podría utilizar esta sentencia a su favor. Ahora, su estrategia podría pasar por invalidar el proceso alegando que la prueba fundamental está contaminada. De hecho, ya han repetido hasta la saciedad desde el inicio de la causa contra el fiscal general del Estado que la filtración de ese correo con Hacienda "genera continuos daños en elementos tan esenciales y elementales como su derecho de defensa".

Por tanto, la pregunta ahora es si la pareja de Ayuso podría librarse de las dos causas con el argumento de esta condena. Una pregunta que los expertos no tienen una respuesta clara. "Que intente pedir la nulidad es comprensible. Otra cosa es que concurran los elementos jurídicos que podrían justificarla", analizaba este posible escenario este viernes el magistrado Joaquim Bosch en Al Rojo Vivo.

Ahora bien, González Amador tiene una causa abierta por corrupción en los negocios y administración desleal. Una en la que no afecta para nada la decisión del Tribunal Supremo sobre el fiscal general. "No veo relación entre esa prueba y el resultado final. A mí me parece más difícil que pudiera tener éxito en cuanto a esas alegaciones", argumenta Felipe García, socio director de Círculo Legal y miembro de la Junta Directiva de World Compliance.

Pero luego está la original, la que le acusa de fraude fiscal y falsificación de documentos. "Absolutamente convencido de que se va a utilizar procesalmente para argumentar vulneración de derechos fundamentales", ha afirmado este viernes en Al Rojo Vivo el exmagistrado Juan Pedro Yllanes.

Eso sí, algunos creen que hasta podría librarse al considerar que la revelación afecta a ese derecho a su legítima defensa. "Va a poder decir que está ilegalmente obtenida y que, por tanto, es una prueba que contamina a las demás. Esto pudiera provocar una nulidad del procedimiento", explica Felipe García.

Un escenario que ya dejaban caer desde el Gobierno , concretamente el ministro para la Transformación Digital Óscar López: "Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?". En este caso, evitar que una persona pague por los más de 350.000 euros que defraudó a Hacienda.

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