El caso de los ERE ha fragmentado en dos al Tribunal Supremo con dos posiciones de sus magistrados totalmente contrapuestas en cuanto a la condena de malversación del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, división que da argumentos al condenado para evitar el ingreso en prisión.
Aunque fue en julio cuando se conoció el fallo de la sentencia, no ha sido hasta este miércoles cuando se ha hecho público el contenido de la resolución y del voto particular, casi tan relevante como la sentencia misma habida cuenta de las consecuencias que derivan de su ejecución, esto es, el incidente de nulidad que Griñán elevará al Supremo y el amparo ante el Constitucional con el indulto de fondo.
Un escenario que puede condicionar a la Audiencia de Sevilla a la hora de pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia, es decir, sobre si envía a prisión a Griñán y a otros ocho exaltos cargos.
El capítulo de los ERE no está cerrado pues el voto particular que firman las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo no es una enmienda a la totalidad de la malversación que la sentencia acredita sin género de duda para Griñán, es en sí misma una sentencia que alcanza una conclusión antagónica. Y todo ello partiendo de la misma carga probatoria. Dos visiones contrapuestas.
Dos posturas en el tribunal
La sentencia es tajante y categórica en la construcción del relato contra Griñán, condenado a seis años de prisión por los ERE, cuando dice que no hay duda de que conoció y permitió que se pagaran las ayudas sociolaborales a sabiendas del "absoluto descontrol" y de las "gravísimas ilegalidades" interviniendo en la dotación de fondos a través de "un sistema de presupuestación ilegal".
Y añade que "al ejercer las más altas funciones dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, tuvo capacidad de impedir ese modo de gestión" pero "permitió que se siguiera produciendo esa irregular situación año tras año", por lo que "no ofrece duda la vinculación de Griñán, no sólo con la presupuestación sino con la gestión de los fondos".
La solidez que se presupone a esta argumentación la cuestionan las dos magistradas cuando sostienen que la condena al expresidente se basa en "una mera especulación" sin "prueba seria y sólida" que no es sino un "sorprendente y significativo salto al vacío".
Creen que los indicios con los que ha contado el tribunal "no son unívocos y concluyentes, sino que construyen una secuencia incriminatoria a través de inferencias demasiado ambiguas y abiertas, que generan márgenes de incertidumbre en los aspectos nucleares sobre los que se construye la autoría" de Griñán y otros cuatro condenados por malversación.
El voto particular, clave en su argumento
Los argumentos tan irreconciliables jurídicamente como la proyección política de la causa, ejemplificada en la petición de indulto de Griñán que se resolverá en año electoral, hacen que ese voto particular sea interpretado como algo más que una discrepancia jurídica entre magistrados, habituales en el devenir de la Justicia. Ya no es el fondo del asunto sobre la condena sino son las formas.
Ni siquiera el Gobierno oculta la trascendencia de ese voto particular cuando toque abordar la tramitación de la petición de indulto, presentada por la familia el expresidente de la Junta. "Hay que ver qué dice la sentencia", avanzó a Efe la ministra de Justicia, Pilar LLop, hace una semanas pero "también vamos a ver qué dicen esos votos particulares" de las magistradas.
De ello se hizo eco la familia en su petición de la medida de gracia pues la división en el tribunal "pone de manifiesto que no ha sido posible alcanzar una decisión más allá de toda duda razonable".
Ganar tiempo
Pero el indulto es solo el último capítulo para evitar el ingreso en prisión de Griñán, que pretende ganar tiempo y retrasarlo hasta que el Ejecutivo se pronuncie, lo que implica un plazo de unos seis meses, es decir, en precampaña de las municipales y autonómicas, con el coste electoral que puede suponer una decisión de tal calibre.
Su estrategia procesal empezará con la presentación de un incidente de nulidad ante el Supremo con la intención de que paralice la ejecución de la sentencia hasta que el Alto Tribunal lo resuelva y remita el procedimiento a la Audiencia de Sevilla.
Si no tiene éxito, el siguiente escenario pasa por pedir amparo al Constitucional solicitando como medida cautelar la suspensión total o parcial de la pena, algo que el tribunal de garantías no suele contemplar cuando la condena es superior a cinco años de prisión aunque hay excepciones.
Cuanto más tiempo corra y se dilate la decisión final, más cerca estará la resolución del indulto, que apoyan una larga lista e históricos dirigentes del PSOE encabezada por los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González.
Podemos, en contra del indulto
El Ejecutivo guarda cautela pero Llop dijo que "no sería la primera vez" que un Gobierno concede la medida de gracia a un ex alto cargo de su partido condenado por corrupción, si bien estos han sido escasos y mayoritariamente por penas de inhabilitación, no de prisión.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dejado claro que la prerrogativa que tiene el Gobierno para conceder indultos no debe ser utilizada para librar de la cárcel al expresidente andaluz José Antonio Griñán: "el indulto está para otras cosas, no para asuntos como éste", ha dicho.
Ha insistido en declaraciones a TVE que los indultos no se deben conceder para cuestiones vinculadas a la corrupción al recordar que Podemos ha sido la fuerza política que más trabajó para "desalojar a Rajoy de la Moncloa por asuntos de corrupción".
Tampoco gusta esta posibilidad a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien recordó que Unidas Podemos nació para "acabar con las peores prácticas del bipartidismo".
"Para eso gobernamos y creo que los hechos hablan mucho más que las palabras", ha añadido.