El PSOE y la asociación de abogados progresistas Adade, que ejercen la acusación popular en el caso Púnica, recusan al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por dar clases en la Fundación Ramón Areces dependiente de El Corte Inglés.
La empresa española es una de las que presuntamente se habrían beneficiado de los cambios que se introdujeron en el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro en el año 2004, siendo alcalde el exconsejero del PP Francisco Granados. Se trata de una de las operaciones que se investigan en el caso Púnica.
La acusación popular considera que "existen dudas sobre la imparcialidad" que podría tener el juez instructor sobre este asunto. Piden así que el magistrado se abstenga de participar en todas las acciones jurídicas que involucren a El Corte Inglés o alguno de sus directivos o empleados.
[[H3:Obligado a investigar a El Corte Inglés]
Hace una semana se conocía que el juez García-Castellón comenzaba a investigar, obligado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un presunto amaño en la recalificación de unos terrenos propiedad de El Corte Inglés.
Pero ya en su día, el magistrado de la Audiencia Nacional rechazó, en contra del criterio de la Fiscalía, la posibilidad de abrir esta línea de investigación que reclamaron las acusaciones que ejercen el PSOE y Adade.
Para el juez "es importante acreditar en qué medida se trataba de un plan criminal y hasta donde llegó la intervención de la mercantil El Corte Inglés como ente social, o bien si la responsabilidad se circunscribe a uno de sus empleados".
El representante de la empresa en estas operaciones, Faustino José Soriano Atienza, y el hermano del constructor Ramiro Cid Sicluna, Javier Cid Sicluna, están llamados a declarar como investigados el próximo viernes.