La reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras esté en funciones llega esta tarde al Congreso.

En los últimos días, miembros del Gobierno, como el ministro de Justicia y la ministra portavoz, han asegurado que el acuerdo está prácticamente cerrado a la espera de que Pablo Casado lo quiera hacer público.

Pero desde el PP lo niegan e insisten en los requisitos que exigen para llegar al acuerdo: por un lado, la retirada de la proposición de ley que quiere rebajar la mayoría para elegir a los vocales. Por otro lado, el mayor escollo: que Unidas Podemos no forme parte de la negociación ni de su conclusión.

El PP insiste en que no pactará con un Gobierno en el que uno de sus partidos cuestiona sistemáticamente las principales instituciones del Estado, en referencia a las opiniones desde Podemos de la Monarquía.

El tercero de los requisitos es garantizar una despolitización de la Justicia para evitar nombramientos como el de la exministra y exdiputada socialista Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General del Estado.

Pedro Sánchez anunció la semana pasada que llamaría a Casado para tratar de desbloquear la renovación, que lleva dos años de retraso. Pero según Génova, a día de hoy esa llamada no se ha producido. Casado ya reprochó al presidente del Gobierno no haberle devuelto una llamada del mes de octubre.

Esta es la segunda iniciativa que registran los socios de coalición sobre el órgano de gobierno de los jueces. La primera de ellas, que desató la polémica en octubre y que proponía rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los vocales del órgano, quedó congelada dando paso a esta segunda.