Decenas de manifestantes se han concentrado este jueves en las inmediaciones del Pazo de Meirás justo el día en que se produce la entrega de las llaves a la Administración General del Estado por parte de los Franco, que dejan de ser propietarios del enclave.

"El pazo es del pueblo, Franquismo nunca más", han exclamado en gallego los asistentes a la protesta, militantes del BNG, que llevaban una gran pancarta pidiendo a los Franco que "devuelvan lo robado" y con letras clavadas en el césped de las Torres de las Meirás reclamando la propiedad popular.

Este jueves se produce la entrega simbólica de las llaves a la abogada general del Estado que acudirá en representación, aunque los Franco ya las entregaron en el juzgado de A Coruña y hoy no estarán en Meirás. También han acudido inspectores de la Xunta de Galicia para comprobar que la familia del dictador no se ha llevado ningún bien de los inventariados.

Pese a que los Franco han aceptado voluntariamente la ejecución de la sentencia, la magistrada les ha advertido que "si no realizan la entrega en el día y hora señalados, se procederá en el mismo acto al inmediato desalojo de la propiedad".

82 años en manos de los Franco

El Pazo de Meirás pasará este jueves al patrimonio público 82 años después de ser entregado al dictador y 45 años después de su muerte.

Será, eso sí, de forma provisional a la espera de que se dicte una sentencia definitiva, lo que tendrá lugar una vez que se agoten todos los recursos judiciales posibles. La familia Franco ya ha presentado uno contra el fallo del Juzgado de Primera Instancia ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

El fallo condena a los herederos del dictador a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirmaba haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

Según la magistrada Marta Canales, en la sentencia se declara la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma".

En su fallo, sostiene que esa donación no se hace a Franco a título personal, como argumentaron los letrados de la familia, "sino al jefe del Estado". Además, concluyó que la compraventa de mayo de 1941 fue una "simulación" con lo que determina la nulidad de la misma, al tiempo que también declaró nula la donación que se recoge en una escritura de noviembre de 1982.