De cara a las próximas elecciones de mayo IU apuesta, entre sus ejes programáticos, por un nuevo sistema de financiación autonómica y una reforma fiscal "progresiva", tanto a nivel municipal como regional. De este modo pretenden "garantizar" y "fortalecer" los servicios públicos con mayor carga tributaria a las grandes fortunas.

Para ello, defiende desplegar un verdadero impuesto a la riqueza reformulando el de Patrimonio, exenciones tributarias a los vehículos limpios, recargo en el IBI a propietarios de viviendas vacías o crear un impuesto a grandes superficies y cadenas comerciales para políticas de protección al pequeño comercio.

Así lo contempla el borrador del programa marco, al que ha tenido acceso Europa Press, para esta cita electoral y que abordará la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano directivo, antes de darle la forma definitiva.

Las directrices principales de sus propuestas se presentarán públicamente en el encuentro con alcaldes y ediles de la organización en la localidad de Rivas, arropados por el coordinador federal y ministro de Consumo, Alberto Garzón. Con este evento IU pretende visualizar su fuerte implantación territorial de cara a estas elecciones, al poner en valor los 2.000 ediles que ostenta y los 200 consistorios que dirige en todo el país.

Una cita que sirve para movilizar a la organización para el nuevo ciclo electoral al encomendar, a sus federaciones y su estructura local, a diseñar programas electorales que ilusionen a la clase trabajadora y sean abiertos a la participación de colectivos sociales.

Mediante sus líneas programáticas centrales, IU se compromete a avanzar en una nueva descentralización administrativa del país, potenciar el estado del bienestar, impulsar la transición energética, mantenerse a la vanguardia del feminismo, auspiciar un nuevo modelo de comercialización de productos alimentarios con criterios de sostenibilidad ambiental y, sobre todo, enfatiza en el rediseño del sistema tributario.

Acabar con las exenciones a los ricos

De esta forma, propone incluir una escala progresiva en el IBI, junto a un recargo en este impuesto a las viviendas vacías de cara a incentivar el mercado del alquiler, en línea con lo propuesto en el proyecto de ley estatal de vivienda. Además, en este tributo defiende "revisar y eliminar" tanto exenciones como bonificaciones que gozan actualmente determinados propietarios, especialmente en el caso de los inmuebles de la Iglesia no relacionados con actividades de culto.

Planteamiento análogo despliega para el impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que quieren hacer más progresivo y quitar beneficios fiscales a automóviles de alta gama. En esta figura impositiva busca introducir criterios medioambientales con

exenciones a los coches menos contaminantes. También reivindica suprimir las bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las empresas con facturación superior al millón de euros.

En materia autonómica, uno de los ejes programáticos es impulsar un nuevo sistema de financiación, con reparto de recursos que tenga como criterio la "calidad" deseable de los recursos públicos y termine con la "competencia fiscal" entre regiones. Y es que concluye que el modelo de 1997, que permite a las CCAA modular la presión fiscal de tributos cedidos, es "perverso" en materia de equidad y ha beneficiado a las rentas más altas y el "dumping fiscal" de Madrid.