La privatización sanitaria del PP se tambalea: del escándalo de Ribera Salud a los negocios de la pareja de Ayuso

"Alargar las listas de espera para ganar más dinero". Es la frase por la que comenzó la polémica que vuelve a sacudir al ámbito sanitario en Madrid. El escándalo que envuelve al Hospital de Torrejón ha colocado en el centro del debate a la empresa Ribera Salud y, con ello, al modelo de privatización sanitaria que el Partido Popular ha impulsado durante los últimos años.

Las grabaciones filtradas, en las que el consejero delegado de la empresa, Pablo Gallart, insta a directivos del centro a reducir actividad asistencial, alargar listas de espera y priorizar únicamente los procesos más rentables, han sacudido de lleno la credibilidad de un sistema que desde su creación ha defendido la eficacia y la modernización como sus grandes virtudes.

En estos audios, Gallart sostiene que la relación entre beneficio económico y número de pacientes atendidos es "directa" y a su vez, anima a su equipo a obtener varios millones mediante ajustes que afectarían de forma evidente a la atención sanitaria.

Sánchez, contra las "privatizaciones"

La reacción política y social no se ha hecho esperar. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado públicamente que estas prácticas ejemplifican los riesgos de convertir la salud en un negocio, mientras que la ministra de Sanidad ha anunciado que su departamento trabaja ya en una ley para impedir que hospitales públicos puedan gestionarse bajo modelos que permitan este tipo de incentivos económicos.

El líder socialista reivindicaba este sábado la protección a la sanidad pública recogida en la Constitución al tiempo que ha cargado contra los "recortes" y "privatizaciones" que a su juicio aplican las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. "Ante los recortes, los aumentos de la lista de espera y también las privatizaciones que se están haciendo por parte de la administración del PP, ahí donde gobiernan, el artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos, y no el derecho a la privada", manifestó.

En ese sentido, reprochó que las privatizaciones se hacen siempre a favor de "las mismas empresas afines" a los gobiernos del PP con el objetivo de "llenar su cuenta de resultados". Por tanto se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano y utilizar "todas las herramienta del Estado" para defender ese artículo 43 y "hacer realidad una sanidad pública, gratuita, universal y equitativa".

Ribera Salud es una empresa que nació en 1999 para gestionar el Hospital de La Ribera, en Alzira, pionero del llamado "modelo Alzira", que combinaba financiación pública con administración privada. Con el tiempo, la empresa se expandió por la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Murcia o Asturias, y llegó en 2011 al sistema madrileño con la gestión del Hospital de Torrejón, que atiende a más de 150.000 habitantes.

Alzira se presentó como un ejemplo de eficiencia, pero pronto acumuló pérdidas millonarias que obligaron a un rescate público superior a 70 millones de euros. Pese a ello, el PP renovó la concesión con un coste todavía mayor: la Generalitat pasó de pagar 225 euros por habitante a 379, cifra que con los años escaló hasta los 750 euros. Finalmente, en 2018, el gobierno del Botànic puso fin al contrato.

Mientras tanto, en Madrid el modelo sigue vigente y fue impulsado por el PP, especialmente bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, que promovió una red de hospitales privatizados entre protestas de profesionales y usuarios. Sus sucesores mantuvieron la estrategia hasta llegar a los 13 centros de gestión privada actuales. Uno de ellos es el Hospital de Torrejón, al que el Gobierno de Ayuso tuvo que inyectar 33 millones de euros este verano para garantizar su funcionamiento.

Su estructura abarca no solo hospitales, sino también centros médicos, laboratorios, servicios diagnósticos y áreas de formación, lo que la ha convertido en uno de los conglomerados sanitarios privados más influyentes del país. Para sus defensores, este modelo permitía aumentar la flexibilidad, introducir nuevas herramientas de gestión y aliviar presupuesto público. Para sus detractores, implicaba la apertura de una puerta peligrosa: un sistema donde la salud de los ciudadanos podía verse condicionada por el cálculo económico.

Reutilización de material sanitario

De su lado, las denuncias procedentes del Hospital de Torrejón corroboran esos temores. Varios trabajadores han señalado que la dirección llegó a ordenar la reutilización de material sanitario destinado legalmente a un solo uso, lo que incrementaría riesgos clínicos. Los cuatro directivos que denunciaron internamente estas prácticas a través del canal ético fueron despedidos, lo que ha alimentado aún más las sospechas sobre la cultura interna de la empresa.

Aunque la Comunidad de Madrid sostiene que no se han detectado incumplimientos formales, el escándalo ha abierto una grieta difícil de cerrar en un modelo que ya estaba bajo la lupa.

Lo ocurrido en Torrejón podría marcar un antes y un después en la política sanitaria española. Pero no es el único escándalo que sacude el modelo de privatización 'popular'. El novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha sido señalado por formar parte de contratos vinculados a la sanidad privada, lo que refuerza las críticas hacia la sanidad privada y su relación con el PP.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.