Justo cuando se cumple un año desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, los descendientes navarros de presos republicanos han decidido alzar la voz y han interpuesto en el juzgado de Aoiz (Navarra), la primera querella colectiva por trabajo esclavo durante el franquismo. Se trata de una docena de familias cuyos padres o abuelos fueron presos del bando republicano durante los años 1939 y 1942 y que trabajaron en la construcción de la carretera que une los valles del Roncal y de Salazar en el Pirineo navarro.

Entonces, aquellos presos a los que no se les había imputado delitos graves en contra del régimen, los conocidos como "desafectos", fueron organizados por batallones en los diferentes campos de concentración que el franquismo tenía por toda España. Para ellos su condena no solo sería la privación de libertad, sino que tuvieron una cárcel a cielo abierto a través de la cual se les obligó a trabajar en la construcción de carreteras e infraestructuras para el estado.

El NO-DO los presentaba así: "Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles redimiéndoles de su existencia de parias".

Balen Esteban, portavoz e hijo de una víctima de los trabajos forzados durante el franquismo, cree que podían tenerlo "planificado": "Los primeros meses de invierno fueron horribles: enfermó muchísima gente porque estaban en tiendas de campaña". Esteban cuenta a laSexta que a su padre no le gustaba hablar de aquel tiempo, pero sí que quiso que se supiera qué hicieron con los trabajadores como él. Frío, hambre, sed y maltratos físicos eran el pan de cada día. A cambio: carreteras e infraestructuras para el Estado y la iglesia.

La mayoría de presos murieron allí, así que son sus familias las encargadas de luchar hoy por ellos, como nos cuenta Esteban: "Lo que queremos es justicia y reparación. Que se conozca la verdad, una verdad que es histórica".

Por supuesto el caso de Navarra no es un caso aislado, tal y como nos reconoce Sabino Cuadra, representante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA): "Desde que se hizo pública la querella, no hemos dejado de recibir llamadas de gente interesada que han estado en otros espacios similares".

Sin embargo, hace apenas dos semanas que una jueza de Barcelona rechazó la querella por torturas por interpretar que los hechos estaban prescritos y amnistiados.

Pero pese a esa decisión, los familiares no se rinden y el abogado que ha colaborado con las familias, Jacinto Lara, confía en esta querella sí salga a trámite porque los crímenes de lesa humanidad, dice, no pueden prescribir: "Nos encontramos con crímenes de derecho internacional que es lo que consideramos que nos da fuerza desde una perspectiva jurídica y debe de obligar al estado en su conjunto a revertir la situación de impunidad mantenida hasta la fecha".