La presidenta del CGPJ exige "el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial" que tacha de "intolerables"

Después de que varios ministros del Gobierno hayan insinuado que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por razones políticas, este miércoles la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha reclamado "el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial". De esta manera, la magistrada muestra de forma pública su apoyo a los miembros del Tribunal Supremo, como es el juez Ángel Hurtado quien ha dejado a un paso del banquillo al jefe de los fiscales por revelación de secretos.

Si bien Perelló no ha hecho referencia concreta a ningún caso judicial, ha admitido que se atraviesan "momentos difíciles que traen consigo problemas desconocidos" en los que se sufren "presiones" donde, incluso, los jueces ven cómo les atribuyen "propósitos desviados" en sus decisiones.

Por eso, ha mostrado su deseo de "hacer un llamamiento a autoridades y particulares para recuperar el respeto" porque, independientemente de que se esté de acuerdo con las resoluciones judiciales, "no caben los insultos a los jueces ni tampoco presiones intolerables". Y es que a sus ojos estas coacciones "socavan el ejercicio de la función que la Constitución" encomienda al Poder Judicial.

En ese sentido, Perelló ha lamentado "la pérdida de respeto que merecen las personas en las instituciones y especialmente en los tribunales de Justicia", llegando la situación "a niveles que nunca se deberían haber alcanzado". Por eso, pone de manifiesto que el sistema procesal español cuenta con mecanismos de garantía "suficientes" para corregir las resoluciones que, en su caso, contengan errores o sean susceptibles de revisión con imparcialidad por jueces distintos a las que las han adoptado.

"En el CGPJ preocupan los intentos de desprestigio de los jueces"

De esta manera, ha advertido de que "las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales son impropias de un Estado democrático avanzado y minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia".

"Todos los poderes públicos, sin excepción, están obligados a promover la confianza de las instituciones democráticas que nos dio la Constitución", ha añadido Perelló, que a renglón seguido ha admitido que en el CGPJ "preocupan los intentos de desprestigio de los jueces". Por ello, ha instado "al debido respeto institucional hacia las decisiones judiciales, al margen de los intereses políticos de cada momento".

De hecho, se compromete a que los miembros del CGPJ estarán "vigilantes ahora más que nunca en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, que no es otra que la defensa de la independencia judicial", ya que "la descalificación sistemática desestabiliza la confianza de los ciudadanos en la Justicia y va en detrimento de la sociedad democrática". Para la magistrada, en los actuales "tiempos difíciles" los jueces "deben resolver nuevos conflictos a los que se les somete en el contexto de tensión permanente que parece haberse instalado en la vida pública".