El borrador del informe prerrogativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Vivienda del Gobierno de coalición parte de "consideraciones generales favorables", según ha informado la propia institución, que ha avanzado que estudiará dicho texto este mismo viernes.
El ponente de esta primera versión del informe, el vocal Álvaro Cuesta, apunta que el texto -surgido de complicadas negociaciones entre el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Derechos Sociales- constituye "un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda". El texto señala, además, que el anteproyecto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre, garantiza que este derecho se cumpla "en igualdad de condiciones" para todos los ciudadanos españoles.
Por otro lado, tal y como avanzan desde el órgano de gobierno de los jueces, el texto no invade las competencias en materia de vivienda que tienen atribuidas las comunidades autónomas.
Sin embargo, el CGPJ también estudiará que la ley adolece de "inconcreción e imprecisión" en algunas de sus partes, lo cual "dificulta la definición precisa" del derecho a la vivienda. Por ejemplo, en la definición de conceptos como "infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero".
La falta de concreción, apuntan desde el CGPJ, es más notable en el mecanismo previsto en la ley para intervenir los precios del mercado de alquiler en las zonas especialmente tensionadas. "En ese punto, el prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento", afirman, para señalar seguidamente que esto va a aumentar la carga que tienen los juzgados.
Con todo, estima el borrador, el mecanismo pactado por PSOE y Unidas Podemos "es compatible con el derecho a la propiedad".