Surge un nuevo escollo entre los socios del Gobierno de coalición, esta vez por las enmiendas al Ingreso Mínimo Vital. Unidas Podemos ha presentado 12 propuestas ante lo que considera una "ausencia de respuestas" por parte del Ejecutivo.

Una acción que en Moncloa no ha sentado del todo bien. Según ha podido saber laSexta, consideran que es "una estrategia de presión" de la formación morada. "Se está negociando con ellos y aún no ha acabado el plazo para presentar las enmiendas, ni siquiera se va a cerrar esta semana. Se saltan del acuerdo de coalición todo el rato", han señalado.

Y es que desde Podemos se han registrado 12 enmiendas para "solventar las deficiencias del Ingreso Mínimo Vital" porque, a su juicio, no está funcionando como debería ni está llegando a todas las familias que tendrían que recibirlo. "Las enmiendas se registran tras más de seis meses de ausencia de respuesta en el seno del Gobierno", recogen en su comunicado.

Estas propuestas van dirigidas, fundamentalmente, a proporcionar un trato "más justo" a determinados colectivos, como los menores de 30 años, personas con discapacidad, menores que viven en hogares en situación irregular o solicitantes de protección internacional, entre otros.

En la nota difundida, Unidas Podemos recoge hasta 12 puntos que, creen, deberían estar incluidos en el Proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital:

  • Recoger entre los beneficiarios a aquellas personas que entran en una situación de vulnerabilidad durante el propio ejercicio
  • No computar las ayudas por situación de dependencia ni tampoco, cuando no se estén cobrando, las prestaciones ni subsidios por desempleo
  • Extender el IMV de forma excepcional a toda persona que tenga reconocida una renta mínima de inserción o ayuda social autonómica a 31 de diciembre de 2020, si no supera el umbral de ingresos
  • Reducir el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años para las personas de menos de 30 años e introducir excepciones para colectivos con mayor probabilidad de exclusión social
  • Proteger a aquellas personas que se hayan mudado con familiares o allegados como consecuencia de una perdida sobrevenida de ingresos
  • Tener en cuenta la situación de las personas con discapacidad añadiendo a la cuantía establecida un suplemento
  • Adaptar la terminología al marco jurídico de los derechos de las personas con discapacidad
  • Eliminar la obligación de acreditar una residencia legal, continuada e ininterrumpida de al menos un año en España para aquellas personas solicitantes de protección internacional, españoles emigrados retornados, menores que viven en hogares en situación irregular, víctimas de trata o víctimas de violencia de género
  • Para ser considerado integrante de una unidad de convivencia bastará con acreditar la residencia efectiva y continuada en el caso de estos colectivos
  • Asegurar el ingreso a las personas que han estado bajo la tutela del sistema público de protección de menores y deben abandonarlo por cumplir la mayoría de edad
  • No exigir que la unidad de convivencia lleve constituida un año en los casos de reagrupación familiar de hijas e hijos
  • Corregir la escala de incrementos para el cálculo de la prestación para que no suponga un agravio comparativo de las familias monoparentales con cuatro o más menores a cargo

Por su parte, desde el Gobierno insisten en que ya están "hablando con todos los grupos" porque hay propuestas que "ya se han incluido a la ley para mejorar el sistema". Asimismo, apuntan que ya están trabajando con las administraciones autonómicos para "crear pasarelas y trasladar al Ministerio de Seguridad Social" la información.