La proposición de ley del PP para sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados. En esta votación, los 'populares' han logrado el apoyo del PNV y la abstención de Junts, que en un primer momento trasladó que iba a votar a favor.
Joseba Andoni Agirretxea, diputado del PNV, ha anunciado esta tarde que su partido apoyará la proposición de Ley "para poder realizar las enmiendas y los ajustes necesarios".
Para relajar esta protección, el Grupo Popular propone modificar el Real Decreto que desarrolla el LESPRE con objeto de limitar la prohibición de su caza exclusivamente en las regiones al sur del Duero.
En la exposición de motivos de la iniciativa, los 'populares' señalan que la Comisión Europea propuso en diciembre de 2023 que el lobo pasase de ser una especie "protegida" en vez de especie "estrictamente protegida". La formación considera que el posicionamiento de Bruselas sobre la flexibilización del régimen de gestión de la especie está "perfectamente alineado" con el criterio técnico que han venido defendiendo las comunidades autónomas que gestionan la "práctica totalidad" de la población de lobo en España.
Además, critica que el Gobierno español "ni ha apoyado las propuestas de Bruselas con respecto al lobo ni ha permitido de facto la aplicación del régimen de excepciones recogido en el artículo 16 de la Directiva Hábitats". Por ello, censura que las comunidades autónomas ya incluidas allí "no han podido realizar una adecuada gestión" del lobo "garantizando su estado de conservación".
Asimismo, los 'populares' afirman que se incluyó a toda la población del lobo española en el LESPRE en régimen de protección especial en 2021 con el voto en contra de las comunidades afectadas, "sin aval científico, sin consenso alguno, sin haber actualizado previamente el censo del lobo, sin que se hubiera actualizado la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo en España" y con "una serie de irregularidades procedimentales y graves cuestionamientos de fondo" que llevaron a que la decisión fuese impugnada ante la Audiencia Nacional por diversas Comunidades Autónomas y entidades.
La iniciativa también plantea que en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la norma el Gobierno tendrá que convocar a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para la aprobación de una nueva estrategia para la gestión y conservación del lobo que se ajuste al sistema de protección previsto en la nueva norma. Además, establece hasta la adaptación del Convenio de Berna, las poblaciones de lobo puede ser objeto de medidas de gestión al norte del río Duero.